Derecho a portar armas

La segunda enmienda a la constitución de Estados Unidos fue aprobada en 1791, es decir, dos años después de la independencia. El propósito esencial era fortalecer una milicia popular que garantizara la seguridad del Estado, en esas épocas amenazado en su amplio territorio por “fuerzas del mal”. El principio ha sido defendido como si prevalecieran las amenazas que le dieron fundamento. La Suprema Corte de Justicia ha consolidado la validez del derecho ciudadano de poseer y portar armas de fuego, lo que ha significado la consolidación del armamentismo legal de los ciudadanos, protegido por un cabildeo en todos los niveles de gobierno. La Asociación Nacional del Rifle agrupa estos esfuerzos en forma sistemática, enfrentando intentos de coartar este derecho ciudadano. Sin duda, es el lobby más antiguo y profesional, en especial en el Congreso Federal, donde además de financiar candidaturas de sus defensores, cuentan con apoyo de expertos, con entrenamiento en estrategias legislativas.

Ronald Reagan y Charlton Heston son figuras legendarias del apoyo a este principio constitucional, vinculado a la tesis de supremacía armamentista estadounidense a nivel mundial. Esta ecuación favorece la veneración del derecho individual, fortaleciendo en forma combinada a la industria bélica. En 1994, el gobierno mexicano incautó un barco a la deriva en aguas nacionales, con cientos de rifles AK47. Además de las gestiones ante autoridades del país vecino, se estableció contacto con Heston, que presidía el poderoso cabildeo a favor de las armas. Su respuesta fue desmedida a una petición comedida de establecer controles a la exportación de armas; añadiendo a los derechos constitucionales, la amenaza que suponíamos sus “corruptos vecinos del sur”. La entrevista, muy breve, terminó en insultos contra México.

Casi 20 años más tarde, y a pesar de una serie de tragedias que han significado la muerte de muchas personas en EU, somos los mexicanos quienes padecemos de manera más directa el libertinaje que supone la distorsionada interpretación de la segunda enmienda.

El libre flujo de armas, protegido por la laxitud en la interpretación de la centenaria disposición constitucional, ha significado un trasiego de este material letal en México y América Central. Las cifras de Naciones Unidas permiten concluir que nuestra región tiene los índices de criminalidad más altos del mundo.

La reciente tragedia en una escuela primaria ha cimbrado a la opinión pública de ese país, y como ha ocurrido en eventos similares, abre momentáneamente el debate sobre la necesidad de establecer controles en la compra y venta de armas. Las experiencias anteriores, que no han sido pocas ni menos dramáticas, sucumben ante la fuerza del cabildeo, pero sobre todo a la entraña bélica, que reclama la vigencia del derecho inalienable de portar material defensivo. El joven asesino más reciente fue entrenado por su madre, a la cual mató, y no obstante la inocencia de las víctimas, es posible anticipar que prevalecerán los derechos constitucionales, que sin duda hace dos siglos se justificaban plenamente.

Desnarcotizar la relación con Estados Unidos es una aspiración legítima de ambos gobiernos. Las medidas para lograrlo son responsabilidad común. Sin embargo, México no puede aceptar que este noble objetivo supone responsabilidades diferentes. El consumo de estupefacientes, la venta libre de armas, el lavado de dinero y los precursores químicos no van a dejar fluir con buenas intenciones de aquel lado, sin aplicar correctivos punitivos en su territorio. Corrupción e impunidad, son lacras que vulneran a ambas sociedades en distintas formas, pero con los mismos resultados. La responsabilidad compartida la hemos convertido en un deseo inalcanzable, en tanto desde el norte subsiste el viejo reclamo de la geografía de las culpas, con lo cual evaden sus obligaciones los vecinos.

*Vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales

Nota publicada en eluniversalmas.com.mx