El pollo farsante

La estúpida reacción de quienes administran la franquicia de la cadena Kentucky Fried Chicken en el distrito limeño de San Miguel, boicoteando la orden de clausura impuesta por la municipalidad del mismo, es la peor señal que vemos dentro de una economía de mercado en la cual – se supone – las normas regulatorias deben cumplirse a cabalidad.

Como se sabe, la comuna sanmiguelina realizó el jueves 27 un operativo conjunto a través de sus sub gerencias de Defensa Civil y Sanidad, al lado de un representante del Ministerio Público, interviniendo la cocina del KFC. La inspección determinó que los administradores del local no cambiaban con la periodicidad necesaria el aceite utilizado para la fritura de pollos y otras especies. Al margen de ello, comprobó que el local prestaba atención fuera del horario autorizado para el servicio al público.

Ambos hechos determinaron la imposición de una multa y la clausura temporal del restaurante. Para desagradable sorpresa de todos, los irracionales administradores – pertenecientes a la empresa Delosi – no sólo cubrieron con afiches propagandísticos los carteles municipales que anunciaban la clausura, sino que también mandaron a la calle a un grupo de vándalos con el encargo de hostilizar a la prensa que cubría la ilegal pataleta.

Aquí se suman varias conclusiones dignas de resaltar. La primera, la necesidad que los municipios realicen estos operativos con más frecuencia pues nadie en su sano juicio podía imaginar que una franquicia como la KFC era tan mal manejada por una partida de irresponsables, capaces de usar el  mismo aceite varias veces poniendo en peligro la salud de los consumidores. Como se informó ayer, digerir alimentos fritos con esa clase de insumo produce a corto plazo el aumento de la cantidad de colesterol malo en la sangre, ocasionando bolas de grasa en las arterias pulmonares y cardiacas, además de gastritis.

Lo segundo, la urgencia de incrementar el rigor contra quienes desafían la autoridad de los gobiernos locales pues lo consideran poca cosa para el grado de sus influencias en otros estamentos de la administración pública. Sin duda, los fronterizos que decidieron envalentonarse contra las decisiones de la Municipalidad de San Miguel tenían como plan “B” el enlace con alguna autoridad de diferente tipo a la que le atribuían poderes suficientes para desbaratar la sanción recibida. Son los típicos peruanos “no sabes con quién te metes” o “me importa un rábano lo que hagas porque mi tío resolverá ipso facto este problema”.

 Y lo tercero deriva de lo anterior: el Poder Judicial debe ponerle freno a la admisión de la lluvia de recursos de amparo que recibe precisamente contra órdenes de clausura de locales comerciales, restaurantes o centros de diversión. Concepto que tiene muy claro el nuevo titular de la Corte Suprema, Enrique Mendoza, pues siendo jefe de la OCMA vio de cerca el nivel de corruptelas que se generan entre los jueces de primera instancia por este rubro.

El concurso de faltas y delitos perpetrados por los agentes de Delosi en San Miguel, deben ser denunciados de inmediato por el Ministerio Público. Impidamos que esta clase de mequetrefes vuelva a campear en el escenario de los negocios nacionales.     

Artículo publicado en la columna AGENDA POLITICA del diario Expreso en la edición cofrrespondiente al 30 de diciembre de 2012