Atentados contra periodistas en el 2012

Según el reporte de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), durante el año 2012 se registraron 136 atentados contra periodistas peruanos.

De ese total, corresponden a 87 varones; 33 mujeres y 16 medios de comunicación radial, televisiva, escrita y electrónica.

Los atentados fueron perpetrados por civiles (40), funcionarios civiles (35), elementos no identificados (33), policías (22) y propietarios de medios (6).

Las protestas contra el proyecto minero Conga (Cajamarca) y el desalojo en el mercado mayorista La Parada (Lima) constituyeron coberturas informativas de mayor riesgo.

Zuliana Lainez Otero, secretaria general de la ANP, manifestó muy preocupada e indignada profundamente que en el Perú el año 2012 haya terminado con agresiones físicas y verbales (50), amenazas/hostigamientos (39), presiones jurídicas (22), trabas al ejercicio periodístico (8), presiones administrativas (5), daños a la propiedad (4), detenciones arbitrarias (3), secuestros (3) y robos (2).

Entre las ciudades con mayor riesgo para ejercer el periodismo figuran Lima, Cajamarca, Huamanga, Chepén, Huaraz, Chiclayo, San Martín, Lambayeque, Huánuco, Maynas, Piura, Tumbes, Ica, Tacna, Moyobamba, Arequipa, Amazonas, Huancayo, Cusco y Puerto Maldonado.

Periodistas y reporteros gráficos como Michel Chumbe Ortiz, Vanesa Bedoya, Éler Alcántara Rojas, Luis García Barahona, Peter Román, Hugo Alejos, Mario Zapata, Alicia Retto, Nataly Florián, Mary Pérez Cora, Juan Carlos Tafur, Roberto More, Victoriano Noa Inca y Roger Valle García, entre otros.

¿Cómo es posible que  periodistas, reporteros radiofónicos y gráficos y camarógrafos TV  hayan sido secuestrados por grupos de ronderos, humillados y amenazados con hacerles daño físico si no alineaban sus informaciones a favor de sus luchas e intereses subalternos? 

En otras ocasiones fueron violentamente atacados a golpes por bandas de delincuentes, como también heridos con armas de fuego, querellados judicialmente, sólo por  denunciar  el mal manejo de los fondos públicos de organismos del Estado y por cumplir sus funciones informativas de manera independiente, responsable y pluralista.

Poco sirve los anuncios de mayor presupuesto y equipamiento a las fuerzas del orden público, si no se cuenta con políticas y acciones eficaces y eficientes, que pongan fin a la ola delincuencial,  a la inseguridad de los hombres de prensa y de la ciudadanía.