OEA, ¿golpe de estado en Venezuela?

Dentro del marco del Derecho Interamericano, la falta de juramentación oportuna del presidente electo Hugo Chávez, podría activar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. A tal efecto, la norma citada permite a cualquier Estado Miembro o al Secretario General, solicitar una convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la posible alteración del orden constitucional en Venezuela y que, en consecuencia, se adopten las decisiones que estime conveniente el Consejo.

Internamente, se ha generado gran polémica alrededor de la tempestividad de la juramentación y sus consecuencias jurídicas. A pesar de que algunos juristas estiman que los artículos 231 y 233 de la Constitución son expresos, por otra parte se ha planteado que la no juramentación hoy 10 de enero, en lugar de transferir interinamente el cargo al presidente del Parlamento, prorroga el período presidencial anterior indefinidamente, hasta que Chávez esté en capacidad de juramentarse.

En el ámbito internacional, Estados Unidos y Brasil consideran que esta coyuntura debe resolverse siguiendo el pie de la letra de la Constitución. A nivel comparado, en los casos de Paraguay y Honduras, quienes asumieron control del poder rechazaron las acusaciones de golpe parlamentario. Sin embargo, la OEA posteriormente emitió su criterio sobre tales acontecimientos. Como es de esperarse, las autoridades venezolanas que asumen o continúan en el poder tampoco reconocerán que han actuado en contra de su Constitución. Por ese motivo, pienso que la misma razón que obligó a la OEA a conocer el caso de la destitución presidencial en Paraguay opera en esta ocasión ya que existe una situación susceptible de quebrantar el orden constitucional de un Estado miembro y, a falta de consenso interno, es la OEA el ente regional encargado de emitir la interpretación institucional y calificada al respecto.

La desestimación del caso venezolano, en parte develaría debilidad y/o apatía de los principales actores hemisféricos en torno a temas fundamentales que impactan el orden democrático de la región.