El gobierno, Fujimori y Toledo

Es “políticamente incorrecto” comentar los abusos del gobierno contra Alberto Fujimori, y también cuestionar la compra de la mansión de la suegra de Alejandro Toledo en US$ 3.7 millones. Por eso hoy abordo ambos casos.

Lo de Fujimori es una crueldad propia de espíritus pobres de humanidad. La izquierda en el gobierno ha condenado de facto al ex presidente a morir en la cárcel, aunque la justicia no lo haya dispuesto así. Y lo hace en el nombre de la causa noble de los derechos humanos. Cruel ironía.

El presidente Ollanta Humala no parece tener los pantalones para decidir el indulto. Se aferra a formalismos mientras sus ministros rojos hacen escarnio del enfermo, montan sicosociales con vídeos y fotos tendenciosos, y mienten para impedir el indulto.

La última mentira dice que Fujimori quiere “imponer a sus médicos particulares” en la junta que verá si los males que sufre califican para el perdón. Los ministros saben que los galenos que atienden al enfermo no son sus médicos particulares sino profesionales al servicio del sector Salud y de nadie más.

También saben que esos especialistas conocen el cuadro clínico de Fujimori mejor que nadie. Y sin embargo quieren apartarlos de la junta y dejar ésta en manos de médicos nombrados a dedo por el sector Justicia. Es evidente que se busca manipular políticamente la junta en contra del indulto. Esta manipulación se hace ante la mirada indolente de Humala, quien tarde o temprano pagará un alto precio político por su actitud.

Está claro que el actual Gabinete no quiere el indulto y que a Humala le falta el valor, la lucidez política y la grandeza humana necesarios para tomar esa decisión. Es una pena, pero al parecer Fujimori morirá tras las rejas. Pero su muerte será un baldón en la historia para quienes hoy nos gobiernan.

Qué distinta la actitud del gobierno ante el escándalo de corrupción que protagoniza hoy Alejandro Toledo por la mansión de $3.7 millones comprada a nombre de su suegra. La ministra Eda Rivas está muda, su procurador Arbizu se lavó las manos, y Humala se ha quedado sin habla.

Todo indica que la mansión fue comprada con efectivo, tal como operan los delincuentes que ocultan fortunas ilegales. En la minuta de compra-venta original no se registra ningún medio de pago. Y quienes conocen a la suegra de Toledo dan fe que no es una millonaria. ¿Qué dicen la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, la SUNAT y la Superintendencia de Banca y Seguros? ¿Dónde está el “sistema anti corrupción”? ¿De dónde salió ese dinero?

Si nadie acredita el origen de los $ 3.7 millones, el estado está obligado a investigar. En una democracia nadie tiene inmunidad cuando hay indicios de presunta corrupción.

No acuso a Toledo, respeto su derecho a la presunción de inocencia, algo que él le ha negado a otros. Solo reclamo que se investigue el caso por la salud moral del país. Veremos si el gobierno lo hace, o si prefiere no incomodar a su “garante”.