Algo debe saber el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, cuando asegura que la investigación que realiza la PGR sobre la explosión en el edificio B2 del complejo administrativo de Pemex está encaminada hacia un hecho que tiene “posiblemente características delictivas”.
La investigación de la PGR podría alcanzar a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón que habrían incurrido en negligencia.
Según el secretario del Trabajo, el edificio B2 del complejo de Pemex no había sido inspeccionado en los últimos dos años.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la responsable de realizar inspecciones de higiene y seguridad de los centros de trabajo, pero al parecer, los funcionarios de la pasada administración no hicieron su tarea.
No se tiene plena certeza aún de lo que provocó la explosión en el edificio B2 del complejo administrativo de Pemex.
El informe dado a conocer el lunes por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no es concluyente, pues la teoría de la explosión de gas acumulado aún debe ser comprobada mediante los peritajes correspondientes.
De acuerdo con la versión oficial de la PGR, no se trató de un atentado con explosivos, lo que no descarta la posibilidad de que la explosión de gas haya sido provocada.
La explosión también pudo haberse originado por negligencia o de manera absolutamente fortuita.
Ante las dudas que dejo el informe preliminar rendido por el procurador, el presidente Enrique Peña Nieto aclaró el martes que la PGR tiene la instrucción de investigar “hasta tener una plena certeza”.
El primer mandatario se adelantó así a la ola de cuestionamientos que se generaría a partir de la versión preliminar de la PGR.
Hay mucho qué investigar. Si había acumulación de gas, qué tipo de gas era y por qué estaba acumulado en la zona de pilotes de un edificio que alberga sólo oficinas.
La tragedia del edificio B2 de Pemex tiene a prueba al nuevo gobierno federal, instalado apenas hace dos meses.
El nerviosismo ha llevado a algunos servidores públicos a cometer errores tan graves como entregar los cuerpos equivocados a dos familias, con el consecuente incremento en el dolor de los deudos.
La presión ha llevado al procurador Murillo –en los hechos el principal vocero de la tragedia— a pasar de las bromas inoportunas a la intolerancia ante la crítica.
La arrogancia del procurador, al retar a quienes dudan de la versión oficial a que presenten pruebas o dictámenes que indiquen algo distinto, no ayuda a conocer la verdad.
Ni los ciudadanos ni los periodistas tienen acceso a la zona siniestrada ni están en posibilidades de ordenar la realización de peritajes, pues de hacerlo cometerían un delito.
En cambio, las autoridades sí tienen la facultad legal para realizar peritajes, y están obligadas a darlos a conocer en cuanto los tengan a la mano, para que no queden dudas sobre lo que ocurrió el pasado jueves en Pemex.
La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso sostendrá el próximo lunes una reunión con varios integrantes del gabinete del presidente Peña Nieto para obtener información acerca de la investigación.
A esa reunión asistirán los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. También acudirán el procurador general de la República, Jesús Murillo, y el director general de Pemex, Emilio Lozoya.
Es entendible que la reunión tenga carácter privado, pues se trata de una investigación en curso sobre la cual se debe mantener bajo reserva mientras no haya conclusiones definitivas.
Pero ojalá que en su momento el gobierno federal informe de manera clara lo que ocurrió en el complejo administrativo de Pemex.
Dejar dudas o cabos sueltos no sería un buen inicio del actual gobierno.
OFF THE RECORD
**GANA EL CAUDILLO
El ex candidato del PRD a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, logró doblar al IFE.
Una serie de declaraciones amenazantes de dirigentes y legisladores del PRD y una aparición del caudillo en su medio electrónico favorito bastaron para intimidar a los consejeros electorales.
Ayer, el Consejo General del IFE devolvió el dictamen de la Unidad de Fiscalización, que ahora será discutido hasta el mes de julio.
De aquí a julio, muchas cosas pueden pasar.
**SEIS AÑOS MÁS
El senador Joel Ayala Almeida prepara su reelección por seis años más al frente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
Ayala es el prototipo de caciques sindicales que no han sido tocados por la transición a la democracia.
Llegó a la dirigencia nacional de la FSTSE en 1998, cuando el presidente de la República era, como él, del PRI.
El PRI perdió la Presidencia en el 2000.
Y cuando la recuperó, 12 años después, Joel Ayala seguía ahí.
El actual gobierno priista terminará y Ayala aún seguirá ahí, pues su nuevo mandato termina hasta el 2019.
**A SALTO DE MATA
El ex dictador de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, anda a salto de mata.
El Gobierno del Distrito Federal ya no sabe qué hacer con la estatua del ex dictador que le heredó la pasada administración local.
Se habla de un lugar cerrado en alguna colonia del sur de la ciudad.
¿Y si los vecinos de esa colonia sureña no lo aceptan? (Con información del diario La Crónica de Hoy).