Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
La Defensoría del Pueblo ha reportado, desde el 2006, al menos 68 casos de conflictos que involucran a pueblos y organizaciones indígenas. 14 de ellos tienen como demanda principal la realización de un proceso de consulta previa sobre actividades o proyectos mineros, petroleros, forestales o gasíferos. De esos 14, siete se encuentran activos y sólo hay dos resueltos.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico presentó su Segundo Informe Semestral que compila la propuesta de dos ordenanzas regionales de consulta previa impulsadas por las regiones de San Martín y Amazonas. Así como el reporte de la actualización de los conflictos socioambientales latentes y activos en las cuatro regiones de la Amazonía que involucran a los pueblos Kichwas (Napo), Kechwas (San Martín), Awajun-Wampis (Amazonas) y Ashaninkas (Satipo).
Actualmente, se viene preparando el plan del primer proceso de consulta para el lote 192 (ex 1AB). En el caso de las organizaciones del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, cuyos pueblos indígenas se han visto afectados por 40 años de actividad petrolera en la zona, han pedido explícitamente que se atienda toda una serie de pasivos ambientales e impactos sociales dejados por ella, antes de iniciar el proceso de consulta para un nuevo contrato de concesión.
El informe señala que las ordenanzas regionales de consulta previa propuestas en Amazonas y San Martín vienen significando un gran reto para las organizaciones indígenas. Esto principalmente en Amazonas donde se ha logrado la aprobación por unanimidad del consejo regional de la ordenanza sobre consulta previa el 10 de enero reciente, que ha supuesto el uso de mecanismos constitucionales como la iniciativa legislativa regional, para el cual junto con la Organización Regional de los Pueblos lndígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN-P) se recolectaron y adjuntaron las firmas requeridas por ley para que esta iniciativa sea aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones y pase a ser considerada por el Consejo del Gobierno Regional de Amazonas. Finalmente, esta norma fue aprobada con la opinión favorable del Ministerio de Cultura, órgano rector en el tema.
La consulta previa como derecho e instrumento permite servir de instrumento preventivo de conflictos, frente al creciente número de hectáreas concesionadas en la Amazonía. Un dato que resalta del informe es que el 2012, Petroperú anunció la licitación de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica y que deberían ser sometidos a proceso de consulta. Dichos lotes, incluido el 1AB, habían sido delimitados por Petroperú el 4 de abril, apenas un día después de la promulgación de la Ley 29785 (Consulta Previa). La desconfianza de los pueblos indígenas aún persiste más aun con las declaraciones vertidas por el ex presidente de Perupetro, Aurelio Ochoa, que afirmó que sería ilógico consultar a los pueblos indígenas sobre proyectos que ya están en producción.
El Observatorio Amazónico da cuenta también de conflictos latentes debido a la falta de titulación de los territorios de las comunidades indígenas. El informe da cuenta del conflicto que se podría originar entre la empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú S.A.C. (dedicada al cultivo de palma aceitera) y la comunidad kichwa Libertador (que agrupa a las comunidades Nuevo Libertador, Vista Hermosa y Santa Elena) debido a la falta de titulación de las comunidades indígenas del Amazonas.
También se ha reportado el caso de contaminación del río Napo, en Loreto que ha alertado al pueblo Kichwa, y la existencia del estudio “Metales pesados en la cuenca del Napo: Un informe preliminar de sus efectos en el ser humano”, realizado por el padre Jack McCarthy, director del centro de salud de la localidad, que encontró presencia de mercurio en 125 personas de las comunidades San Fernando, San Jorge, Rango Isla y San Rafael.
En Amazonas, el informe reporta el caso del derrame de petróleo del Oleoducto Nor-Peruano de Petroperú en las quebradas Suwants y Chiagkus. Si bien, Petroperú se hizo cargo de las labores de limpieza y recojo de muestras, además de atender a la población, las atenciones se restringieron al poblado de Cusumatac, más próximo al área del derrame, dejando de lado a la comunidad Shawit que también usa las aguas de las quebradas para su subsistencia diaria. Actualmente, se está a la espera que se está a la espera que la Fiscalía, luego de la inspección ocular y toma de muestras del 29 de noviembre de 2012, entregue los resultados de esta investigación.
Un dato importante que recuerda el informe, a partir de la opinión dela Defensoría del Pueblo, es la falta de definición que existe respecto a la entidad que debe encargarse de la identificación de pasivos ambientales, todavía no se resuelve si es la Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), los encargados para esta tarea.
En este contexto, el informe concluye que las propuestas de ordenanzas regionales de consulta previa buscan efectivizar la Ley de Derecho a la Consulta Previa y su reglamentación, aportando en la descentralización y convirtiendo al espacio regional en un espacio de debate e incidencia de las organizaciones en la búsqueda de reconocimiento de sus derechos.
Este informe se realiza en el marco del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción - Acción Solidaria para el Desarrollo, y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Perú).
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