"En las comunidades nativas existe un exceso de expectativas respecto a la ley de consulta previa"

"En las comunidades nativas existe un exceso de expectativas respecto a la ley de consulta previa"

Se ha publicado el segundo informe semestral del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos: Vigilante Amazónico, investigación realizada por la Catholic Relief Services (CRS) y Cooperacción. El informe reporta 68 conflictos desde el 2006 aún latentes en la Amazonía. A diciembre del 2012 existen 17 activos, 12 se refieren a conflictos socioambientales, de los cuales la mitad tienen como eje central la solicitud de los pueblos del derecho a la consulta.

La relación entre las comunidades y las empresas extractivas sigue siendo de conflictividad. Teniendo en cuenta que el 2012, Petroperú anunció la licitación de 22 nuevos lotes petroleros en la selva amazónica, el derecho a la consulta previa figura entre las prioridades de los pueblos amazónicos para enfrentar el avance de las concesiones en sus territorios. El informe pone en relieve dos iniciativas regionales de consulta previa en las regiones de Amazonas y San Martín.

“En el caso de la región de Amazonas, se acaba del aprobar el 10 de enero la ordenanza regional para implementar el derecho de consulta que aún espera por la reglamentación. El departamento de San Martín también ha seguido esta ruta, el 2009 el gobierno regional se comprometió en aprobar una norma de consulta previa para reconocer el derecho, sin embargo, el viceministro de Interculturalidad señaló que no era necesario tener un reglamento, sino adecuarlo a la Ley de Consulta existente”, dijo Miguel Lévano de CRS.

El equipo destacó que la importancia de la consulta como herramienta para prevenir conflictos. Pues en muchos casos han sido las graves omisiones del Estado las que han sido el caldo de cultivo para desencadenar tragedias como la de Bagua (2009). “La exclusión de los pueblos nativos es histórica. Hemos acompañado el proceso de solicitud de una ordenanza regional de consulta en Amazonas hasta que se dé el dictamen. Hay que recordar que los problemas de los pueblos indígenas son también problemas del Estado”, dijo el abogado nativo Fermín Tiwi.

El equipo del observatorio destacó que existe confusión sobre la oficina del Estado que debería encargarse de la identificación de pasivos ambientales. No se tiene claro si es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) los encargados de, por ejemplo, los pasivos ambientales que dejan las empresas extractivas en la selva. “Ni si quiera se tiene el inventario de los pasivos dejados por las empresas en la Amazonía, tampoco a cuánta población afecta. Ni el Estado ni la empresa quiere hacerse cargo”, dijo el líder shiwit, Fermín Tiwi.

Por su parte, Lévano subrayó que la consulta previa no será una herramienta mágica que resuelva los conflictos. “En las comunidades nativas existe un exceso de expectativas respecto a la ley de consulta previa, creen que todos los casos van a ser atendidos. La consulta previa es un avance como derecho para las comunidades pero hay otros temas que forman parte de la agenda de los pueblos. Se tiene que terminar de definir la base de datos de las comunidades existentes, por ejemplo”, agregó.

El observatorio busca alertar sobre los conflictos a partir del encuentro con las comunidades indígenas. Son 39 las organizaciones indígenas que proveen información al equipo. El antropólogo Miguel Valderrama se refirió a los conflictos que están latentes en cuatro regiones de la Amazonía que involucran a los pueblos Kichwas (Napo), Kechwas (San Martín), Awajun-Wampis (Amazonas) y Ashaninkas (Satipo). “En algunos casos los conflictos se dan cuando se rompe algún acuerdo de convivencia entre la empresa extractiva y las comunidades nativas, cuando se amenazan los recursos y ponen en peligro su subsistencia. Otro punto en común es que el Estado es poco eficiente pues como garante de derechos debería estar presente. Las comunidades tienen la percepción de que el Estado actúa de espaldas a ellos”, dice Valderrama.

Y es que la ausencia del Estado por tantos años ha hecho que los pueblos indígenas sean escépticos a cualquier acercamiento. Situaciones que podrían devenir en conflicto sería la que se vive en Loreto, en octubre del 2012, la aparición de peces muertos en las riberas del Napo han alertado al pueblo kichwa del Napo pues sería el indicador de que sus aguas estarían contaminadas. Existe un estudio: “Metales pesados en la cuenca del Napo: Un informe preliminar de sus efectos en el ser humano”, que confirma la presencia de mercurio en 125 personas de las comunidades San Fernando, San Jorge, Rango Isla y San Rafael. Otro caso es el de comunidad kichwa Libertador, en Loreto. La empresa agroindustrial Young Living Essential Oils Perú S.A.C. (dedicada al cultivo de palma aceitera) se ha apropiado del territorio de cuatro comunidades alegando que no poseen titulación de sus tierras.

Este informe se realiza en el marco del proyecto “Mitigación de Conflictos y Desarrollo de la Amazonía”, implementado por Catholic Relief Services (CRS) y desarrollado en alianza con la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y CooperAcción - Acción Solidaria para el Desarrollo, y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID-Pe).