Definan: ¿hasta cuánto quieren cargar las cuentas al consumidor de eléctrico?

Césaer Gutiérrez, autor de estas líneas  

Soy partidario que los costos de las obras de infraestructura de uso público no deban ser solventados únicamente por los recursos de la caja fiscal, el consumidor que requiere usarla también debe aportar. Lo trascendente es que el servicio exista y que se brinde con calidad técnica, confiabilidad y confort.

Una política de esta naturaleza evita el dispendio del erario público y que nos veamos en situaciones como la española, donde hay aeropuertos sin usuarios y contratistas mal acostumbrados, que luego arriban a nuestras costas creyendo que aquí se tiene la misma práctica.

Pero como todo en la vida, el exceso es malo, sobre todo si se pretende satisfacer sueños faraónicos de gobernante o ministro de paso, que quiere ver fierro y concreto por doquier, con placa recordatoria que consigne nombre propio. Es el caso del gasoducto sur del Perú, en el tramo comprendido entre Anta e Ilo, donde se promete como demanda la construcción de plantas petroquímicas que consuman gas natural, situación que no se dará por racionalidad económica y donde absurdamente se compromete a la estatal Petroperú con un aporte de 400 millones de dólares provenientes del tesoro público.

Desde la construcción del gasoducto y poliducto, Camisea-Lima, entre los años 2001  y 2004, los sucesivos gobiernos han encontrado la vía para cargar las cuentas al consumidor de todo lo que se les ocurre,  ineficiencias en la gestión incluidas. Ese camino se llama Peaje de Conexión al Sistema Principal de Transmisión, cargo obligatorio de todo consumidor eléctrico, independiente de su tamaño. Si hacemos el recuento no es poca cosa, lo que cargamos a cuestas.

Veamos todo lo que pagamos mensualmente los consumidores por este concepto, en lo que concierne a todo aquello que no es a la prestación eficiente del servicio de electricidad. Para ser riguroso tenemos que distinguir entre los llamados usuarios regulados, aquellos que consumen menos de 2.5 Megavatios de potencia que son 5.5 millones y los clientes libres, que consumen 2.5 MW o más de potencia, que son solo cerca de 241, pero que representan casi el 44% de la energía nacional. Este grupo se subdivide en libres menores a 10 MW e iguales o superiores a 10 MW. Es decir que para evaluar el impacto hay tres categorías: regulados, que son cerca de 5.5 millones; libre menores a 10.0 MW, que son cerca de 208 clientes y libres iguales o mayores a 10.0 MW, que son solamente 33.

Los consumidores pagan en el famoso peaje los conceptos que se señalan, los que están expresados como porcentaje sobre el costo facturado por consumo de la potencia y energía: Fondo de Compensación Eléctrico (FOSE), que es del 2.5%, usado para hacer un subsidio cruzado a favor del pequeño usuario, lo aportan  solo los regulados, los libres en reemplazo de este concepto pagan el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que es de 2.5%, usado para subsidiar la promesa electoral del balón de GLP a precio rebajado; Fondo de Electrificación Rural; que es del orden de 2.8% para los regulados, 3.7% para los libres de menos de 10 MW y 4.1% para los libres que consumen 10 ó más MW, recuso utilizado para financiar la electrificación en zonas rurales.

Además se tiene: Generación Adicional, que corresponde al pago por tener unidades a diesel instaladas por deficiencias en la generación o transmisión, donde se les paga por estar y por operar; reserva fría, que son unidades a diesel o residual que se contratan para completar el margen de reserva firme; primas, que son los sobreprecios por las renovables. El valor de estos adicionales sumados a los descritos en el párrafo anterior es significativo, representa 9.4% para el regulado; 18.2% para el libre menor a 10 MW y 31.9% para el libre igual o mayor a 10 MW.

Pero allí no queda la cosa, los ductos de seguridad entre Malvinas y Chiquintirca, que son ductos redundantes a los existentes, necesarios incuestionablemente, significarán 2.7% adicional para todos los que tenemos electricidad y si se consiente la demagogia de llegar a Quillabamba, Anta e Ilo, no menos de 5% más, deberemos asumir. Si esto se consuma estamos hablando que la carga irá entre: 17.1% a 42.6%. Dios no escuche y que no se les ocurra otra subasta de renovables, que significaría por lo menos 3% más.

Las cifras son espeluznantes, si de aceptación se trata me quedaría en los ductos redundantes que significa un recargo entre 15.1% a 37.6%, que es más que suficiente.

¡Alto la mano ya señores del gobierno, el bolsillo del consumidor tiene fondo corto!