¿Cuál es la verdadera autoridad?

Nos ha tocado vivir en una sociedad sui géneris. Especialmente desde que en la última década del siglo 20, se dieron una serie de leyes que en lugar de aligerar los tramites y hacer la vida más fácil, complicaron las cosas. Y para colmo, se incrementó la burocracia creando una serie de organismos que se situaron encima de otros, asumieron funciones que a otros les correspondían, dando lugar a un ovillo difícil de desenredar.

Para ser más claro, me explico. Se supone que en todo país bien organizado, el máximo organismo de justicia es la Corte Suprema. Aquí, no. Encima de la Corte Suprema, cuyos fallos se estima son cosa juzgada, existe el Tribunal de Garantías Constitucionales que puede enmendarle la plana tanto en casos civiles como en penales. Se supone que la intención de quienes crearon ese Tribunal, era defender los casos en que se violaron los derechos constitucionales de los ciudadanos.

También se estima que las jurisdicciones de cada provincia están definidas y existen fronteras establecidas para ello. Sin embargo, se dictó una ley que permite a las provincias vecinas ejercer autoridad sobre la jurisdicción ajena. Por ejemplo, las provincias de Callao, Huarochirí y Canta, pueden autorizar a empresas de transportes registradas en sus municipalidades a prestar servicios en Lima, inclusive señalándoles las rutas para su recorrido. Esa intromisión impide que Lima, como autoridad provincial, pueda ordenar el tránsito dentro de sus límites.

Pero no sólo es la injerencia de las municipalidades de las provincias vecinas, sino que también se creó un organismo con infinidad de funciones, entre otras anular las disposiciones de la  Municipalidad si al libre entender de los burócratas de ese organismo afectan la competencia y la libertad de llevar adelante cualquier negocio.

Se suma a ello, la intromisión de las autoridades del Poder Judicial, especialmente los jueces, que sin tener jurisdicción, atienden demandas, especialmente acciones de amparo en contra de las autoridades que han ordenado la clausura o el cierre de determinados negocios que violan las normas e incumplen los reglamentos y ponen en riesgo y en peligro la salud y las buenas costumbres. Por ejemplo, la autoridad municipal cierra o clausura un lupanar, que funciona bajo la fachada de discoteca, billar o bar, y de inmediato algún juez admite una acción de amparo contra esa orden y dispone que siga funcionando, dejando sin piso la autoridad municipal. Supongo que gratis no fue la actuación del juez.

Si la Corte Suprema de Justicia se tomara la molestia de revisar cuántas acciones de amparo se ha expedido en nuestro país, en los últimos años, se podría saber que ese tipo de fallos son los que más han mantenido ocupadas a nuestras autoridades de justicia. Seguro que batiríamos en Libro de Récord de Guinnes.

El país necesita de una reingeniería urgente. Pero con una autoridad que revise todo. Hay que reinventar el país, y sería el mejor regalo antes de que cumplamos 200 años de independencia, en el curso de los cuales la corrupción, el acomodo, la injerencia, el atropello, la falta de respeto a la ciudadanía, el abuso, en fin, toda la suma de males se ha ejercido con tal desparpajo que ha sobrepasado todo límite posible.

Como afirmo líneas arriba, hay que pensar en un Perú ordenado al cumplir 200 años de Independencia. Al menos, ese sería el mejor regalo para las generaciones venideras: dejarles un país en orden, civilizado y eficiente.