El petróleo, aún en las etapas de los precios más bajos, ha permitido ingresos que de haber sido usados debidamente, hubieran permitido que nuestro país fuera un portento de progreso y modernismo. Otra ha sido la realidad que ha ido de estupendas expectativas positivas para los jóvenes y para la población en general a pocas o ninguna posibilidad de lograr un futuro cierto de progreso en el país, salvo por la afinidad a una ideología o a un proceso, pero sin calidad de vida.
A partir de los años 50 y hasta mediados de los ‘60, el futuro era radiante y el ciudadano normal podía aspirar a una casa, trabajo y un futuro planificado; el ahorro tenía significado y quienes poseían algún dinero podían colocarlo para derivar el sustento. El ingreso tenía un valor cuasi permanente. A partir de la segunda mitad de los años '70, con la inflación llegó un cambio para enfocar el futuro, con la necesidad de adaptar el modo de vida en función de esa nueva realidad, producto de las acciones de los gobernantes, que fueron creando los desajustes derivados de sus gestiones y la proliferación de la corrupción, que de manera permisiva se fue convirtiendo en la nueva forma de vida.
A partir de la estatización de la industria petrolera y los subsiguientes altos precios del petróleo, cobraron alas las pretensiones de los gobernantes: trataban de presentar un país inviable en función de sus recursos humanos y de la cultura social existente, cónsonas con las nuevas prácticas de nuevos ricos que, generalizadamente, se convirtieron es uso y costumbre. El sector político se fue debilitando en función de las nuevas realidades introducidas y permitidas por sus acciones y derivamos, paulatina pero serenamente, hacia un nuevo enfoque político: la permanencia indefinida en el poder a costillas del empobrecimiento del país, de su gente, de su infraestructura y de su economía. Con el siglo XXI se introdujo la política y la permanencia en el poder como el único objetivo, a contra pelo, de la gestión de gobierno y por ende de la actividad de Pdvsa siglo XXI.
La acción desarrollada por el Estado con los recursos petroleros conduce a un empobrecimiento generalizado del país que se manifiesta en la degradación del ingreso, acercando todo al nivel mínimo con la meta eventual del salario mínimo o lo más bajo posible, el ínfimo nivel de mantenimiento posible, la menor capacitación de la gente, la menor atención a la salud, el incremento a un nivel de inseguridad atroz, la estatización cada vez mayor de segmentos de la economía con la consecuente pérdida de producción y competitividad, el mantenimiento de empresas quebradas y costosas, el deterioro cada vez mayor de la calidad de vida y de las alternativas de recreación, la penalización al consumidor para subsanar la incapacidad de las empresas públicas de servicios, el incremento incesante de los precios producto de la inflación, el deterioro de la cultura social del habitante, el costo incrementado de todo lo que tiene que ver con el Estado, sin límite aparente; la dependencia de las importaciones aún para el petróleo, un presupuesto militar desproporcionado, con una inmensa escasez de divisas: todo hipotecando el futuro sin posibilidades de rehabilitación.
Se trata de un mecanismo de aumento de y explotación de los pobres y el incremento de los pocos ricos en función de la permanencia en el poder.