¿Sociedad educadora?

Las Rondas Campesinas son una institución comunal, andina y peruana, que desde sus orígenes no sólo ha cumplido un rol social protagónico, sino que ha generado interés suficiente para ser materia de estudio desde diversas disciplinas que se ocupan de la sociedad humana. Naturalmente, por ser un hecho que existe y que tiene consecuencias, también ha comprometido la preocupación de las leyes.

Aunque no ha faltado polémica en torno a ellas, su existencia se ha puesto a prueba en circunstancias tan tensas como disímiles, ya sea el abigeato o el terrorismo. La población rural de Cajamarca y sus provincias circunvecinas sabrá mejor que nadie hasta dónde llegan las virtudes y dónde comienzan los riesgos de una organización que ha surgido frente al hecho evidente de un Estado incapaz de atender las necesidades de la población –especialmente las de su seguridad- las cuales, naturalmente, se han ido deslizando hacia los espacios urbanos. Desde el punto de vista normativo una ley, la Nº 27908 del año 2002, reconoce la personería jurídica de las Rondas Campesinas y define sus derechos como sus deberes.

Un programa dominical de TV ha mostrado, con descarnado realismo, la forma cómo una Ronda Campesina sanciona físicamente a quienes delinquen en el ámbito de una determinada comunidad cajamarquina. Si no todos, la mayoría se trata de ladrones que son duramente castigados a latigazos, ya sea cruzando por un pasadizo de pobladores que los golpean o por otra modalidad a cargo de una especie de verdugos que los azotan con un evidente y fiero dominio del oficio. En algunos casos la policía los recibe y se los lleva, para tranquilidad de los vapuleados.

Luego se muestra el juicio a una mujer infiel, cuya historia es expuesta a la comunidad y el jefe “escucha y sanciona”. (En la pared un letrero dice que “Conga no va”.) La mujer no se arrepiente y por tanto debe ser castigada, también a latigazos. No entiendo si el reporte periodístico ha mostrado los casos de delitos e infidelidad como si fueran lo mismo o precisamente para que se note la arbitrariedad por contraste. Una parte final recoge las opiniones de una autoridad policial que reconoce los efectos positivos que tiene en la colectividad esta forma de sanción. Es ciertamente dramático.

En las redes sociales hay un coro de respaldo para esta forma de “justicia popular”. Los opinantes dicen que así debería combatirse la delincuencia y, por supuesto, prolongan el deseo hacia los espacios de la corrupción en la política y la administración pública. Lo de la mujer se respalda menos, claro.

Confieso que he quedado aturdido, conmocionado. Tanto me duele reconocer cuán débil ha llegado a ser el Estado –la policía y la aplicación de las leyes por delante- como intuir los despropósitos en que se puede caer en la aplicación de esta “justicia directa”. ¿Vox populi, vox Dei? Y me duele más imaginar qué valores podremos trasladar o proponer o construir con los niños que van a la escuela.

Tantos siglos de humanidad, tantos derechos humanos demandados (los terroristas tienen muchos defensores), tantos códigos escritos y sofisticaciones investigatorias valen menos que una simple “binza”, el látigo viril con que –parece- mucha gente prefiere que se haga justicia. Quizás los educadores, poco a poco y a este paso, debamos nuevamente apelar a un buen jalón de orejas, un sonoro cocacho, el retorno de la palmeta y la convicción de que la letra entra con sangre.