Entre la necesidad y la demagogia

César Gutiérrez, autor de estas líneas

Manido tema ha resultado el gasoducto sur peruano, con cambio de nombre incluido y expectativas reprogramadas de manera reiterada. La razón de fondo, la falta de racionalidad económica del proyecto. Ni el estado ha podido asumirlo, dado que las reglas de actuación para los funcionarios públicos se basan en el beneficio-costo, que en este caso no es posible justificar.

Hoy estamos ante un nuevo intento gubernamental de realizarlo en base a una ley que ha delimitado cinco tramos: Malvinas-Chimpirina, Kepashiato-Chiquintirca, Kepashiato-Quillabamba, Quillabamba-Anta y Anta-Ilo. Los dos primeros tienen coherencia, son redundantes a los existentes, constituyendo una vía que brindaría seguridad al suministro centralizado hoy entre las regiones de Ica y Lima. De allí hacia adelante, solo existe la necesidad de cumplimiento de una oferta electoral demagógica, revestida de un discurso regionalista con toques de seudo tecnicismo, que suena bien para el beneplácito de los ciudadanos de la zona, pero que no son serios.

En el caso de los dos tramos de seguridad que costarían al consumidor eléctrico un sobrecosto de 3.4% en la factura de electricidad, hay un tema que no se resalta; lo pagaremos por segunda vez. La primera fue entre los años 2002  y 2006, con la ya famosa Garantía de Red Principal, que llegó a representar hasta 5% de la tarifa. Hoy, por la probabilidad de falla tenemos que hacer una segunda erogación, que propongo que deba ser descontada del nuevo cargo, en lo ya pagado a valor actualizado y asumido por el concesionario Transportadora de Gas del Perú, quien también debería asumir el 50% de la anualidad de inversión y costos de operación del nuevo proyecto, porque la seguridad será para todos.

El ofrecimiento de llegar a la ciudad de Quillabamba se hace bajo el argumento que habría una demanda de gas natural por una termoeléctrica de 200 MW. La existencia real de ella no se dará con  encargarle a Electroperú la construcción, sino como fruto de un proceso de competencia donde tengan posibilidades todos los agentes interesados del mercado. De licitarse como reserva fría, no habrá demanda de gas garantizada y los consumidores eléctricos tendrán un cargo en los costos de electricidad del 1.1%
Finalmente el tramo entre Quillabamba e Ilo, pasando por Anta, será creíble si tiene demanda asegurada de gas, consecuencia que los generadores se hayan ganado en subasta el derecho de atenderla. En el escenario actual, no hay consumo garantizado y si se hace vía cargo en la factura de electricidad, significará 6.6% más en las cuentas del consumidor.

En resumen, toda la pretensión del gobierno, tal como está el escenario, significará un sobrecosto del 11.1%