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Viernes 01 de marzo 2013

¿Ejecuta el Estado las garantías por los compromisos no honrados de los inversionistas?

Por: César Gutiérrez
¿Ejecuta el Estado las garantías por los compromisos no honrados de los inversionistas?
Foto: Difusión

 
César Gutiérrez, autor de estas líneas



Sector Energía y Minas tiene que informar.

El modelo de construcción de infraestructura en el sector energía peruano, que corresponde a una concepción de los años 90, es relativamente bueno; aunque requiere afinamientos acordes con los nuevos tiempos. Consiste en desarrollar proyectos convocando en procesos de competencia a interesados en ganarse un derecho, para lo cual tienen que elaborar su ingeniería propia, invertir, construir y operar el servicio en un plazo del orden de 20 años.

De esta manera si se quiere una central de generación eléctrica, una línea de transmisión, un gasoducto o un almacenamiento de hidrocarburos; se gana el derecho a vender la energía o transportarla o almacenarla, teniendo como variable de competencia el precio del servicio. Invierte su capital y toma deuda, con lo que construye y luego se encarga de brindar el servicio, esperando ingresos futuros en la etapa operativa; con los que recupera su inversión, cubre los costos de operación y mantenimiento y obtiene la rentabilidad que esperaba.

El riesgo: del gasto para participar en la competencia, que no es poca cosa, podemos estar hablando de algunos millones de dólares; constructivo y operativo corren a cargo del aspirante. El estado corre su propio albur, que consiste en que si el interesado fracasa en el intento constructor, no habrá servicio que ofrecer, generando una insatisfacción ciudadana. Por esta razón se exige garantías que tengan poder disuasivo ante el incumplimiento, lo que en la plaza local se le conoce como carta fianza de fiel cumplimiento.

En el período 2006-2011, se vio algún caso donde una empresa española, que había ganado la concesión de una línea de transmisión, no pudo honrar su compromiso de tener la línea operativa y su fianza ejecutada. Igualmente ha ocurrido en las subastas para la construcción de centrales de generación con energías renovables no convencionales, que debido a los bajos precios ofrecidos o que no consiguieron operador o que no tenían la solvencia para obtener financiamiento, vieron ejecutadas sus garantías.

En los casos mencionados, las obras eran de montos que iban de unos 10 a 150 millones de dólares y el ministerio de energía y minas, en resguardo del interés del estado y con respeto a las reglas establecidas, se hizo de las garantías puestas en mesa que eran del orden del 5% del monto de la inversión. Es decir las cifras estaban en el rango entre 500 mil  y 7.5 millones de dólares.

La incógnita es si en todos los casos se obra así, que es el deber de los funcionarios y autoridades de turno. Sería conveniente que las auditorías de cada institución informen a la contraloría general de la república, hoy tan ávida de investigar a los militares. Es más que seguro que en el sector civil hay más de un caso de incumplimiento que debería ser punible.

Un caso que llama la atención y que sería conveniente que el ministro Jorge Merino de cuenta es el de la carta fianza dejada en garantía por el  consorcio Kuntur, para el frustrado gasoducto sur andino, que es de 66.7 millones de dólares,  correspondiente al 5% del monto declarado de la obra que ascendía a 1,334 millones de dólares, según versión del concesionario en octubre del 2008.

Las interrogantes que merecen ser aclaradas son múltiples, para empezar en mazo del año 2010, el Osinergmin emite la resolución 056-2010-CD/OSINERGMIN, reconociendo para fines tarifarios una inversión por 1,567 millones de dólares, que si le aplicamos la lógica del 5% de garantía, debería corresponder a la suma de 78.4 millones de dólares, lo que significaba que la fianza original debía haber sido aumentada en 11.7 millones de dólares. ¿Se exigió así en la época del ministro Pedro Sánchez? Es una primera respuesta pendiente del actual titular de la cartera de la avenida Las Artes en San Borja.

Pero no es la única duda, pues en junio del 2011 cuando se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental, se consigna que la inversión sería de 2,500 millones de dólares, es decir que la fianza a esa fecha debería haber ascendido a 125 millones de dólares.  El locuaz ministro Merino tiene la palabra, en aras de la equidad del tratamiento a las empresas independientes del tamaño de ellas.

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