Construcción de legitimidad social

Los niveles de conflictividad social en el país dejan traslucir carencias de institucionalidad y, por lo tanto, la existencia de un inadecuado o endeble sistema de gobernabilidad.  Además, la persistencia de poblaciones que habitan en zonas aisladas, poco integradas a los grandes conglomerados sociales, hace que en algunos casos propongan visiones de desarrollo desestructuradas con el conjunto de la Nación.
 
Existen algunas excepciones, pero en general, las visiones suelen ser muy localistas, algunas veces distritales, pocas veces provinciales, raramente regionales y, en el caso de contar con una visión de país con perspectiva de futuro, dicho debate se lleva a cabo en las instancias más elevadas y difícilmente son socializados para que todos los ciudadanos tengamos un horizonte hacia el cual dirigir nuestros esfuerzos.
 
En el Perú tenemos aún muchos temas transversales al conjunto de la sociedad, en ese sentido, nuestras autoridades deberían colocarlos en la primera línea del debate de la opinión pública con la finalidad de generar consensos. Algunos de estos temas podrían ser, primero, en una sociedad democrática, ni la violencia ni la exclusión constituyen una opción legítima. Sobre todo, ahora que algún sector de la juventud, afortunadamente ínfimo, parece haber sido cautivado por quienes iniciaron el mayor derramamiento de sangre de la historia republicana y disfrazan sus intenciones con propuestas seudo reivindicativas.
 
Segundo, el espacio geográfico que ocupa el Perú en el mundo, nuestro territorio, es de la Nación; por consiguiente, su uso y disfrute se llevan a cabo conforme a lo que señala la legislación vigente.  Nadie puede ser excluido, pero las acciones de gobierno para administrar el territorio implican la toma de decisión a favor de una alternativa entre una o más opciones y -dichas acciones- deben ser respetadas por el conjunto de la ciudadanía, de lo contrario, el principio de Autoridad seguirá siendo vulnerado.  
 
Al respecto, recientemente en la ciudad de Lima se llevó a cabo el proceso de Revocatoria de la alcaldesa y su junta de regidores metropolitanos.  Al margen de los resultados, el debate también giró sobre la procedencia o no de la Revocatoria.  Dicho instrumento jurídico es legítimo porque está contemplado en la Constitución del Estado, por lo tanto, su ejercicio se desarrolló conforme a ley.  Sin embargo, el proceso ha servido para poner en agenda si esta herramienta de Consulta Popular debe mantenerse, modificarse, o -en el extremo-, eliminarse de la Carta Magna.  Ahora que se reconoce que es poco práctica y que debilita la institucionalidad, también debería debatirse si la denominada Consulta Previa la refuerza o está contribuyendo a generar mayor conflictividad.
 
La Consulta Previa supone la expresión de voluntad del gobernante para conocer la opinión de los gobernados sobre tal o cual futura decisión administrativa que el primero piensa implementar.  No supone, en ninguno de sus extremos, que la opinión del consultado debe primar por encima de la decisión de la instancia de la institución de gobierno superior.  Sin embargo, lo que está sucediendo en el país es que la Consulta Previa está siendo desvirtuada y sus eventuales promotores la emplean como instrumento de presión política para imponer sus criterios a los gobernantes, inclusive dejando de lado o postergando indefinidamente aquello que se considere de relevancia para el conjunto de la Nación.
 
Por ejemplo, el país requiere de la instalación de plantas generadoras de energía para satisfacer la demanda de las diferentes industrias, así como la construcción de represas para garantizar el abastecimiento de agua, sea para el consumo humano o las diferentes actividades económicas para generar empleo productivo para la población; pero, ¿qué sucede cuando un grupo de pobladores se opone a que tal o cual obra de infraestructura o instalación de alguna planta se lleve a cabo?, ¿debemos postergar indefinidamente la legítima aspiración de generación de Bienestar y Desarrollo del conjunto de la Nación?
 
Tercero, el recurso agua es indispensable para la subsistencia, pero su aprovechamiento tiene que implicar la realización de las personas naturales y jurídicas.  El agua debe representar calidad de vida.  Que el agua sea el instrumento para construir una sociedad que satisfaga sus expectativas de manera ascendente, que fortalezca la cohesión social y, por consiguiente, la construcción de legitimidad social.
 
Quien emplea el falso argumento de “defensa del agua” para dejarla que se desaproveche en el mar o que las avenidas en temporadas de lluvias destruyan o pongan en riesgo la precaria infraestructura hídrica de que disponemos, lo único de que les garantiza a las próximas generaciones son mayores padecimientos, más pobreza.  Queremos agua represada y encausada para transformar campos yermos en productivos, pues entonces necesitaremos emplear fierro, cemento y otros para disponer de ella en calidad y cantidad suficiente.  ¿Cómo obtenemos el fierro, el cemento y otros? De la actividad extractiva metálica y no metálica.
 
El devenir en muchos valles del país ha sido el de generar una economía de subsistencia para sus pobladores, los pocos excedentes  de que disponían no les han permitido financiar ni afianzar el desarrollo agrícola local, por eso es de que se requiere de mayores volúmenes de inversión.
 
Cuarto, cuando nos proponemos como objetivo nacional el atraer mayores volúmenes de inversión, lo que estamos comunicando a la comunidad internacional es: “somos conscientes de la importancia de la inversión en la generación de riqueza, crezcamos juntos, lo que te ofrezco es un país seguro, pacificado, cohesionado y respetuoso de sus autoridades.”  ¿Cuánto hemos avanzado o retrocedido al respecto?, la respuesta implica un acto de contrición de cada uno de nosotros, los peruanos y los residentes en el país.
 
Muchas gracias por leerme. Se autoriza su reproducción (siempre que se respete la autoría del mismo) para que más peruanos seamos conscientes de la importancia de la minería en el proceso de desarrollo y generación de bienestar en el Perú.

(*) El autor es Superintendente de Relaciones Públicas de Southern Peru Copper Corporation