Pinocho de Maduro

Sabemos que en campañas electorales los candidatos exageran, prometen y hasta mienten. Unos son más descarados que otros, pues la búsqueda del poder suele tener pocos escrúpulos. Ahora, todo tiene su límite, y cuando se desafía el sentido común y las verdades más obvias se pasa al extremo de lo ridículo.

Resulta sorprendente que el candidato del gobierno haya declarado en un diario regional que en Venezuela no hay corrupción, y lo dice sin temblarle el pulso, con la misma cara con que nos hablaba de la salud de Chávez y de las nuevas promesas socialistas. Magnánimo descaro, pues hace pocos días Transparencia Internacional hizo público sus estudios mundiales de 2012, donde coloca a Venezuela como el país más corrupto del continente, al punto que a nivel mundial sólo nos superan otros 7 países (Irak, una de las Corea y 5 países africanos). La respuesta a este estudio será el descrédito a la institución, pero no habrá ni una sola palabra frente a los contundentes argumentos que revelan esta triste realidad.

Allí se nos muestra, además, la escasa, por no decir inexistente, transparencia en la gestión de gobierno. En Venezuela todo se hace tras bastidores y a espaldas de los interesados. La participación ciudadana de que habla la Constitución es una de las más flagrantes farsas revolucionarias.

No hace falta ser ningún genio para percibir el altísimo grado de corrupción que existe en nuestro país, donde cada vez más son los trámites burocráticos para realizar cualquier actividad económica y hasta personal. El gobierno se ha metido en todos los asuntos personales y con ello se alimentan los gestores y facilitadores de turno, quienes son ahora más prósperos que cualquier jurista. La mejor muestra de ello lo vemos en la adquisición de moneda extranjera, donde suelen estar los más claros ejemplos de corrupción. Una inscripción en el RUSAD o una habilitación para la entrega de divisas tiene su tarifa fija. Y el que entra en ese sistema difícilmente puede salir de allí.

Ni hablar de lo que se ha hecho con la administración de justicia, donde los jueces se han convertido en organizadores de subastas, prestos a darle la razón al mejor postor. Los argumentos jurídicos para sustentar una pretensión ya son sólo adornos innecesarios para obtener la razón.

El principal legado de esta revolución ha sido la pulverización de la moral ciudadana. El odio que se ha venido sembrando para ganar el voto popular no ha hecho otra cosa que enemistar una sociedad, para castigar a los que tienen recursos. A éstos se les da trato de traidores, pero siempre son bienvenidos cuando traen el cheque.