¿Hay sentencias que no se deben cumplir?

Germán Luna Segura, autor de estas líneas

Las sociedades se expresan según los grados de desarrollo que han logrado y observando entre otros elementos, el nivel de sus líderes, el respeto a las formas y los valores de la real convivencia ciudadana sobre los que tambien algùn tipo de responsabilidad tienen los contenidos que los medios de comunicación imponen por criterios exclusivamente mercantiles, casi  de forma  permanente.

Esto del triunfo con sabor a derrota de Susana Villarán, quien se quedó con las justas en la Municipalidad de Lima a costa del desalojo de sus regidores, trae cola. Un fallo judicial que atiende el reclamo de los comerciantes frente al abuso (al no habérseles demandado y desalojado con arreglo a ley), ordena el libre tránsito de los vehículos y permite el regreso de los comerciantes (que nunca se fueron) a sus labores habituales dentro del área del Mercado Mayorista de La Victoria y la verdad es que ello, le ha puesto el cascabel al gato.

Desde el momento que se hizo público la resolución judicial de marras, el asunto merece la atención que su gravedad meritua. Todos los medios de comunicación han editorializado sobre el particular y sus primeras planas cuestionan al juez que emitió el fallo. La propia alcaldesa Villarán lidera un conjunto variopinto de comunicadores “independientes” que sostienen que el fallo "le hace daño a Lima", “es inaudito”, que “no guarda relación con el espíritu de modernidad que lidera Susana Villarán”, que “no es justo que le hagan esto a la alcaldesa”, etc., etc., pero puestos los puntos sobre las íes, la verdad es que lo que está en juego no es, ni remotamente, nada de lo que se sostiene en público.

Aquí existen dos partes en conflicto, una que ganó con la resolución y otra, naturalmente, que perdió. La primera ha hecho lo que hace cualquiera cuando gana un proceso, quiere de inmediato hacer valer sus derechos e imponer la sentencia, en tanto la otra, grita fraude, y acusa de prevaricador al juez que en este caso además llaman “saboteador” de la gestión de Villarán, etc.

Sería bueno sin embargo, que quienes cuestionan el fallo del juez Malzon Urbina entiendan que, les guste o no, esta es una RESOLUCIÒN emitida por una autoridad con facultad para administrar justicia, sobre la que se puede accionar los mecanismos legales para impugnar dicha medida, pero no desconocerla, ni llamar a la rebeldía sobre su contenido presionando al Poder Judicial para que se expulse al juez, para que cambien la resolución o pidiendo el desacato que sienta además, el terrible precedente por el cual, cada vez que alguien “sienta” que un fallo judicial no es “justo”, entonces, simplemente, decidirá no cumplir el mandato. No me queda ninguna duda que si el fallo les hubiera sido favorable, los defensores de Villarán ponderarían su contenido.

Vivimos en un Estado de Derecho donde las garantías legales constituyen elementos sustanciales del Contrato Social. Es el Poder Judicial, con sus vicios, errores y hasta maniqueísmos quien administra justicia en el nombre de todos, y, si queremos cambios y mejorar en el lo que debemos hacer es propender a su reforma, superando viejas mañas conservadoras. Lo contrario es aceptar dramáticamente que como en la selva, el imperio del más fuerte (económica y políticamente en este caso) prevalece sobre la razón y el derecho es solo un conjunto de normas que son buenas cuando nos convienen.

La conclusión en todo caso es terrible. Tras los luctuosos sucesos de violencia del Mercado Mayorista de la Parada, no solo estaba un grupo lumpenesco de delincuentes que sembraron el terror como pensábamos, sino además, existe una triste gama de torpes e inexpertos funcionarios públicos municipales cuya conciencia caviar signa les impide mirar más allá de lo obvio, generándole a partir de su incapacidad, un grave e irreversible daño a la administración de Lima, nuestra ciudad.