Martes 16 de abril 2024 | Contáctenos
Hoy se cumplen 21 años del golpe de Estado propiciado por el exdictador Alberto Fujimori, acción política destinada a consumar la violación y eliminación de diversos derechos sociales, que trajo enormes perjuicios a los sectores más pobres del país y propició la estructuración de un modelo económico que ha acrecentado la desigualdad y precarizado aún más los servicios públicos y privados a los que acceden la mayoría de peruanos y peruanas.
Es de trescientos mil trabajadores y trabajadoras despedidos, solo en el Estado, reflejan la magnitud del genocidio laboral Fujimorista, que se ejecutó con diversos Decretos Legislativo y Decretos Leyes, vigentes en la actualidad, y destinados a desamparar a las familias y empujarlas a la informalidad, mientras la impunidad y las prebendas favorecían y siguen favoreciendo a los grupos de poder económico y sus aliados políticos.
Estos despidos no tuvieron el objetivo de volver más eficiente el aparato estatal sino para generar ahorros a partir del no pago de derechos laborales y compensar así los niveles de corrupción que se daban como resultado de la privatización de la acción del Estado.
La aparición de modalidades contractuales como el denominado Servicio No Personal (hoy CAS) es el ejemplo máximo del grado de degradación en que ese gobierno llevó a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y que inexplicablemente las administraciones sucesivas han mantenido.
También debemos recordar las amenazas de Alberto Fujimori en el CADE de 1992 y el asesinato, pocos días después, del exsecretario general de la CGTP, Pedro Huilca, por el Grupo Militar Colina organización criminal promovida por la dictadura.
Este crimen se dio en momentos en que el referido dirigente era uno de los principales críticos desde el ámbito social a las retrógradas reformas que implementaba el exdictador siguiendo los dictámenes de los organismos multilaterales. Como Huilca, otros dirigentes fueron asesinados o desaparecieron en la década de los noventa.
El asesinato selectivo de opositores y la incruenta supuesta guerra contra la subversión sirvió para ocultar el grado de corrupción podredumbre y anarquía que se vivía al interior de la dictadura.
La muerte de personas inocentes en Barrios Altos (entre ellos un niño de 8 años) y en La Cantuta (citando algunos ejemplos) y por las cuales Fujimori ha sido condenado a 25 años de cárcel, demuestran la ferocidad asesina con que se manejaba dicho régimen para defender sus intereses económicos y políticos arrastrando con ello la débil democracia peruana.
Hoy los mismos responsables de esa oscura década pretenden, con el apoyo de otros personajes muy cuestionados, como Alan García, presionar al actual gobierno para que indulte a un sentenciado por delitos de lesa humanidad, algo que está impedido por normas internacionales.
A esto se suma que el exdictador no está enfermo y su reclusión se da en condiciones inéditas para un preso en el Perú. Tampoco se toma en consideración a los familiares de las víctimas, quienes lucharon por años para lograr justicia.
Finalmente, la CGTP considera también que brindar la gracia al exdictador terminaría por debilitar la lucha contra la violación de derechos humanos y la corrupción, dejando un negativo precedente de que la impunidad siempre se impondrá sobre la justicia. Por estas razones, Alberto Fujimori no tiene merecimientos legales y políticos para que se le otorgue el indulto (Con información del diario La Primera).
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