
Alguien cuyo rostro, aparentemente, no se conoce está trabajando a tiempo completo para traerse abajo a la democracia peruana, la misma que mal que bien ha sumado esfuerzos durante la primera década del presente siglo, para desarrollarse y alcanzar ese anhelo multánime de convertir en realidad el logro de una sociedad y de un Estado, que tienen como fin supremo la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
¿Tiene nombre y apellidos quien cumple tan perversa tarea? Existen rastros del peregrino despropósito de ese alguien. Uno de ellos es el que ha puesto al descubierto el juez Malzon Urbina, quien dueño de una escasa doctrina jurídica ha terminado por mal interpretar la Acción de Hábeas Corpus, una garantía constitucional "que procede ante el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos". No se sabe si a propósito o porqué afán, lo cierto es que el titular del Juzgado Penal 56 de Lima, en vez de abocarse a lo que correspondía, acabó dando un fallo respecto a la donación del terreno donde se levantó en la década de los cuarenta del siglo pasado el mercado mayorista conocido como "La Parada" y del uso como parque público que ahora proyecta la Municipalidad de Lima, para combatir la delincuencia, la insalubridad y el abandono de una de las zonas más pobres de la ciudad capital. Se fue más allá de lo que solicitó la parte demandante, sobre una supuesta violación al libre tránsito o la libertad de trabajo o presunta discriminación y evaluó lo que nadie le había solicitado.
Otro rastro es el que nos acaba de brindar el presidente de la megacomisión , Sergio Tejada, el mismo que ha sido objeto de severas críticas por el hecho de tener listo un dictámen anticipado, desde marzo del presente año, donde se acusa de responsabilidad penal al ex presidente Alan García, para citarlo destiempo, en abril, a fin de someterlo a 100 preguntas sobre el programa Agua para Todos, Sedapal, el Caso BTR, los indultos y las conmutaciones de penas y su patrimonio. Todo eso y sin respeto al debido proceso de fiscalización parlamentaria. Ante lo ocurrido resulta lógico que la ciudadanía se pregunte porqué no se convocó al ex mandatario en la oportunidad que correspondía, es qué acaso, el mencionado político se negó alguna vez a concurrir ante esa megacomisión y finalmente ¿ qué es lo que se pretende con estas maniobras, a todas luces torpes? En buena hora que hayan las investigaciones que sean necesarias para acabar con todo lo que signifique irregularidad o delito, pero está muy mal que se actúe con arbitrariedad y abuso del poder.
En esta búsqueda del nombre y apellidos de quien pretende causar daños a la democracia nacional, el joven hijo del reo Alberto Fujimori, hoy purgando pena de 25 años de prisión por sus crímenes de lesa humanidad y latrocinios en perjudicio del patrimonio nacional, acaba de dar otra pista sobre el oscuro confabulador. A Kenji, que así se llama el mozo y que, además, hoy ocupa una curul en el Congreso Legislativo, no se le ha ocurrido una mejor idea que tratar de cruel y cobarde al Presidente de la República, con el objeto de presionar a éste para que firme el indulto que reclama a favor de su progenitor. Ya no importa que la junta de médicos haya llegado a la conclusión que el preso no sufre de cáncer y que más bien atraviesa un cuadro de depresión, que bien tratado puede ser superado. Para el joven Kenji, sin experiencia y por lo que se observa carente de ética política, eso no tiene nada ver.Lo importante es sacar de la cárcel a su defendido, aunque sea a la mala, aunque sea diciéndole verdugo a quien por mandato del pueblo soberano personifica a la Nación.
Los rastros cada vez son más visibles. Mientras en otras partes del mundo, como la península ibérica, en donde la infanta Cristina, hija de los reyes Juan Carlos y Sofía, ha sido imputada por un caso de corrupción que envuelve a su esposo Iñaki Urdangarin y hay políticos que manifiestan "que es bueno que se sepa que en España nadie escapa a la ley", aquí en nuestro país ocurre todo lo contrario. Hay quienes zapatean por adelantado ante los señalamientos de sus opositores políticos. Uno de ellos es el congresista Javier Velásquez, quien es objeto de duras críticas en su natal Chiclayo, no tanto por su condición de legislador, sino porque se le imputa de ser uno de los más importantes empresarios de construcción civil, pero al mismo tiempo de tener una empresa cuyos trabajos, con presupuestos millonarios, resultan siendo de la peor calidad. Allá en el norte, la población y las más importantes instituciones de la producción, el comercio y los servicios, han expresado públicamente su protesta por las obras públicas realizadas por Velásquez Quesquén, el empresario, y que tienen paralizada a la ciudad de la amistad. Ante lo ocurrido Velásquez Quesquén, el político, considera que todo es consecuencia de una campaña malévola de sus enemigos. ¿Y la justicia...? Bien gracias.
Ante la repetición y abundancia de rastros de quien viene atentando contra la democracia, podemos concluir que sí tiene nombres y apellidos. En consecuencia hay que revelarlos para evitar que siga haciendo daño al país. Estos son los de ignorancia, corrupción, impunidad y arbitrariedad. Su presencia se advierte de manera preocupante en la falta de pudor para administrar justicia, en el irregular manejo del bien común, en el empoderamiento del crímen organizado y el irrespeto a la dignidad y la honra de las personas.