¿Todos contra Nadine?

Es importante que las fuerzas políticas democráticas hayan alzado su voz para oponerse de manera firme a la llamada reelección conyugal. Esta misma actitud deberíamos asumir ante la pretensión de restaurar el “estado empresario” que quebró al Perú y empobreció a los peruanos.

La reacción debe ser igual porque en ambos casos se amenaza con socavar los cimientos del sistema democrático: el estado de derecho que se sustenta en la Constitución y la libertad económica, que es la viga maestra del crecimiento económico actual.

Decir que Nadine Heredia puede ser candidata porque la Constitución no se lo impide es una falacia que distorsiona el espíritu de la norma constitucional, el cual consagra la alternancia obligatoria en la presidencia de la República. Si Heredia fuese elegida, Ollanta Humala seguiría gobernando y se burlaría así la alternancia.

Pero cuidado, los sectores democráticos no están en contra de Heredia, sino de la reelección conyugal, que es muy distinto. Ella tiene derecho a ser candidata, pero en el marco de la Constitución y la ley. El Partido Nacionalista también tiene intacto su derecho a tentar la reelección, pero con un candidato que no esté ejerciendo o compartiendo hoy la presidencia.

Es inaceptable además que la señora Heredia pretenda competir en la carrera presidencial después de haber tenido, durante cuatro años, los recursos del Estado a su disposición para viajar por el país como virtual candidata.

Algunos creen que la campaña de Heredia es solo una cortina de humo para tapar el retorno a “la gran transformación” y al estado–empresario. Quizás sea verdad.

Lo cierto es que Humala está empeñado en restaurar el “estado empresario” mediante la compra de la refinería La Pampilla y la cadena de grifos Repsol, violando el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe que el Estado intervenga en actividades productivas donde hay presencia privada.

En el caso de Petroperu hay un agravante: si comprara La Pampilla, tendría el monopolio de la refinación petrolera y del gas doméstico. ¿Para qué, para hacer populismo vendiendo gasolina y gas a precios subsidiados en busca de la reelección? En la misma dirección apunta el afán de Humala de obligar a los inversionistas en petróleo, aeropuertos y puertos a asociarse con el Estado en sus negocios. ¿Y cuándo haya que cubrir pérdidas, el Estado echará mano al dinero de los contribuyentes? Claro que sí.

Si la Constitución consagra que el Estado no puede competir con la empresa privada, el Congreso y las demás instituciones democráticas tienen la obligación de hacer respetar el mandato constitucional.

Y si el presidente pretende imponer su voluntad sobre la Constitución tendrá que asumir su responsabilidad política y legal. Humala debe recordar que su primer deber como jefe de Estado es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Que jamás se le olvide.