¿Compra de RELAPASA con negociación bajo la mesa?

César Gutiérrez, autor de estas líneas

SMV debe aclarar para tranquilidad de aportantes a las AFPS

No se está tomando ninguna importancia a niveles empresariales de las noticias sobre la posible adquisición de las acciones de Refinería La Pampilla (RELAPASA), por parte de Petroperú. Solo las gremiales empresariales Confiep y la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) han expresado su malestar, haciendo una crítica al hecho que un estado carente de recursos para una serie de necesidades, decida arriesgar no menos de 2,000 millones de dólares para hacerse de la mencionada empresa.

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Sociedad de Comercio Exterior (Comex), la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Asociación de AFP (AAFP) y la Asociación de Bancos (Asoban), guardan un mutismo que se puede entender como de aceptación. Prestos a rasgarse las vestiduras en otros hechos menos trascendentes, llama la atención el silencio mostrado.

Pero no solo la crítica poniendo en tela de juicio el cambio del concepto económico del gobierno “humalista” es importante, no se está reparando en algo que es alarmante: la potencial vulneración de las reglas del mercado bursátil, establecidas en el Decreto Legislativo (DL) 861, que data de octubre de 1996 y su último texto único ordenado, que es de junio del 2002.

Se refiere periodísticamente que en el proceso de compra de acciones de una empresa que está cotizando en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), como lo es Relapasa, hay un proceso directo con dos rondas de ofertas dirigidas al accionista mayoritario Repsol Perú BV, que es propietaria del 51%. Se menciona que uno de los oferentes es la estatal Petroperú SA, que se encuentra inscrita en la BVL y que existen otros interesados que pertenecen al ámbito privado, que también han alcanzado propuesta. Las normas del mercado bursátil señalan que hay que hacer Oferta Pública de Adquisición (OPA) para comprar acciones y es el reglamento de la OPA, publicado por la Comisión Supervisora del Mercado de Valores (Conasev) en septiembre del 2006, que precisa que cuando se pretende hacerse de más del 25% del accionariado, hay carácter obligatorio.

De lo afirmado fluyen un conjunto de interrogantes que deben ser respondidas por la Supervisora del Mercado de Valores (SMV), ex Conasev:

- ¿Es legal lo que estaría haciendo Repsol BV para vender el 51% de Relapasa y que los medios de comunicación publican?

- ¿Se ha quedado la SMV satisfecha con la carta de Petroperú de fecha 09.04.2013, que figura como hecho de importancia, que señala que de conformidad a su estatuto es el directorio al que le compete autorizar una compra de acciones y que no hay acuerdo, pero no responde si han hecho llegar oferta por Relapasa?

- ¿Por qué no figura como hecho de importancia si Relapasa ha recibido propuestas de adquisición?

- ¿Ha hecho consulta la SMV a Relapasa o su propietario mayoritario Repsol Perú BV sobre las versiones periodísticas de recibir propuestas de compra, como lo hicieron con Petroperú, solicitándole si habían realizado oferta de compra?

- Si no le han consultado a Relapasa o Repsol Perú BV, ¿por qué a ellos no se les da el mismo tratamiento de exigencia que a Petroperú?

Pero no solo eso, más preocupa aún que estando el 21% del accionariado en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), nadie se pregunte si éstas tienen conocimiento de las dos rondas de adquisición sin pasar por una OPA que se refieren en la prensa, lo cual va en desmedro de los aportantes a dichos fondos. La idea de una OPA es que los accionistas minoritarios tengan acceso a vender beneficiándose de una buena oferta del comprador o mantener su posición en caso un accionista decida vender subvaluadas sus acciones por necesidad. ¿Dónde está el pronunciamiento de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que entre otros roles debe supervisar a las AFP? ¿Dónde está la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República?

Todo indica que se está vulnerando un marco jurídico que da credibilidad al mercado de valores peruano y seguridad a los inversionistas. A nadie parece importarle, si me corresponde ser por el momento voz solitaria, tengo la seguridad que alguien más acogerá y se sumará a mi exigencia. Lo mínimo que esperamos es que la SMV explique cuáles son los criterios que está usando para no ser más prolijo con una operación que por lo menos me parece atípica.

Serán los especialistas los que precisen si hay ilegalidad. De ser así, una sanción a todos los intervinientes es lo pertinente, incluido a los directivos y funcionarios de la SMV y de la SBS. Cuando ocurrió algo similar en el caso de la azucarera Andahuasi, los infractores Grupo Wong y Grupo Bustamente, fueron multados con 2.7 y 4.7 millones de soles, respectivamente. Hay que actuar en consecuencia, nuestro mercado de valores es incipiente y no podemos poner en tela de juicio el respeto a las reglas.