La informalidad sólo una excusa

A inicios de julio llega a su fin el llamado Régimen Especial para las Micro Y Pequeñas Empresas (MYPES). La ley 28015 promulgada en el 2003 y modificada en el 2008 otorgaba una serie de beneficios a las MYPES que se formalizaban. Por ejemplo, la capacitación y asistencia técnica para la mejora empresarial, la promoción para el acceso a mercados,  la innovación tecnológica y la mejora en el acceso a financiamiento. Además, la ley preveía un conjunto de medidas encaminadas a la simplificación de trámites administrativos así como un régimen especial para los trabajadores del sector. Este último implicaba de facto la creación de un nuevo régimen laboral, que en general disponía menores derechos a los trabajadores MYPES con respecto a aquellos que están bajo la ley general de trabajo.
 
Luego de casi 10 años los resultados de este régimen especial han sido más que frustrantes. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE) hasta el año 2011 sólo el 1% de todas  las MYPES con derecho a entrar a este régimen especial lo habían hecho. Según informaciones más recientes dicho número se habría duplicado llegando a unas 53 mil empresas formalizadas este año. Si el 98% de las MYPES no se ha acogido al régimen especial es claro que la ley ha sido un fracaso.
 
Durante las últimas semanas medios y especialistas defensores del actual modelo han señalado que no se debe prorrogar el régimen especial. Mientras el Instituto Peruano de Economía ha afirmado que todos los trabajadores deben tener el mismo régimen laboral; en el diario El Comercio han asegurado que el régimen especial de MYPES pende como una espada de Damocles sobre aquellos empresarios que se acogieron a él y que podrían quedar súbitamente desprotegidos con su fin. La solución que proponen ambos no es como afirman sus declaraciones el de “no prorrogar el régimen especial” sino más bien convertir todo el régimen laboral en un régimen especial, en un régimen de excepción. Como afirma El Comercio “hay que bajar la valla para todos”, pues la actual legislación laboral “crea obstáculos y costos elevados que desincentivan la creación de empleo y beneficia únicamente a quien tiene un empleo formal,…” como afirma el IPE.
 
Esta visión como señala el economista Pedro Francke no hace más que repetir el discurso neoliberal cuya versión nacional fue desarrollada por Hernando de Soto a mediados de los años 80. Desde entonces se han hecho sentido comunes ideas como que una frondosa tramitología y un régimen laboral muy oneroso son las razones que explican los altos niveles de informalidad del Perú. La solución a la informalidad ha sido desde esos años la búsqueda permanente de una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo. Flexibilidad que además de reducir los derechos de los trabajadores, permite pagar menores salarios y dificulta su organización.
 
Esta aproximación a la informalidad, como señala Francke, olvida que existen otros factores que pueden tener un mayor impacto en su superación como por ejemplo, el acceso a fuentes de financiamiento, la mejora de los procesos productivos y de organización empresarial entre otros. En esta línea un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que en los países de América Latina donde existe un gran sector informal la llave para salir de esta situación puede ser el aumento de la productividad. Si bien existen múltiples formas de entender la productividad, se puede afirmar que esta es una medida que relaciona por un lado los insumos como trabajo, tiempo y capital vs. los productos obtenidos. Una ganancia en productividad puede ser entonces aquella que se obtiene cuando se produce más con menos insumos o en menos tiempo.
 
Según el estudio del BID existe una relación clara y positiva entre aumentos en la productividad del trabajo y descensos en las tasas de informalidad. Las empresas informales no sólo tienen baja productividad, sino que sus propias características acentúan esta tendencia. Ante este escenario las MYPES ganan la productividad que no tienen manteniéndose en la informalidad y aumentando la explotación de sus trabajadores. Si bien el informe del banco también recoge otros factores entre los que ciertamente están las regulaciones al mercado laboral, estas aparecen como secundarias frente a los beneficios de políticas que incidan en aumentos en la productividad de las MYPES.
 
Entonces, ¿por qué esta obsesión de la derecha nacional por flexibilizar permanentemente el mercado laboral y no generar políticas que apuntan a aumentos de la productividad? ¿Es pura ceguera ideológica? Creemos que la respuesta es otra. En realidad a estos sectores no les interesa solucionar el problema de la informalidad, o más bien dicho están dispuestos a intercambiar altos niveles de informalidad con tal de impedir una mayor organización de los trabajadores. El combate a la informalidad aparece como la justificación perfecta para flexibilizar los mercados laborales y dificultar por tanto la organización sindical. Saben bien estos sectores que con trabajadores más organizados y sindicatos más fuertes tarde o temprano tendrán que aumentar salarios y compartir la torta que el crecimiento está generando y ellos disfrutando.