El estado antipopular

La evidente intención de la pareja presidencial de comprar los negocios del grupo Repsol en nuestro país no tiene ninguna justificación económica, es peligrosa para la democracia y,  sobre todo, atenta contra al bienestar del pueblo, en especial de nuestros compatriotas que están saliendo de la pobreza.

Si el estado comprara Relapasa (La Pampilla) tendría que pagar las deudas de esa empresa (unos $1,200 millones) y gastar $800 millones más en adecuarla a los estándares ambientales exigidos por la ley. Total $2,000 millones por una empresa que tiene un bajo margen de ganancia. Además, los trabajadores de los 170 grifos y de las distribuidoras de gas -que también se pretende comprar- pasarían a engrosar la planilla del estado a través de Petroperú. Un pésimo negocio para el Perú.

Además, la experiencia nos enseña que las empresas estatales siempre terminan siendo botín político, caja chica del gobierno de turno  y refugio de burócratas ineficientes. Para muestra, un botón: En más de diez años Petroperú no ha podido ni siquiera modernizar la refinería de Talara.

Es un peligro para la democracia porque, si se concretara la compra, el gobierno tendría el monopolio de la refinación de crudo, el 60% del mercado de gas doméstico y una de las dos mayores cadenas de grifos. Con todo ello podría bajar artificialmente los precios de los combustibles para impulsar el regreso del estado empresario y la reelección encubierta. La sombra del chavismo ha regresado.

Pero el sello más marcado que tiene este plan estatista es su contenido anti popular. Si se consumara el intento, el clima de inversión del país se enrarecería más de lo que ya se ha enrarecido con este gobierno y se espantaría a las inversiones que generan empleo para el pueblo.

Gracias a la inversión, el número de pobres se ha reducido más de 50% y el de pobres extremos es hoy solo 6%. Atrás quedaron las pavorosas cifras que dejó el estatismo: 60% de pobres y 30% de miseria extrema. El factor inversión-empleo ha librado de la pobreza a millones, a despecho de los “programas sociales” del estado que siguen atrapados en la ineficiencia y la corrupción.

El estado empresario ahuyenta la inversión por la sencilla razón de que nadie puede competir con una empresa estatal. Cuando una empresa privada tiene fuertes pérdidas, quiebra; cuando una estatal pierde, mete la mano al bolsillo de los ciudadanos para cubrir sus pérdidas ¿Estamos dispuestos a pagar otra vez, con el dinero de nuestras familias, más pérdidas futuras de Petroperú?

El Perú no puede retroceder a los 80’, cuando teníamos escuelas de esteras,  caminos destruidos, escasez de alimentos y de agua, apagones, etc., porque el aporte de los ciudadanos se destinaba a mantener 170 empresas estatales ineficientes. Para evitar que esto se repita, el artículo 60 de la Constitución prohíbe que el estado intervenga en actividades productivas donde hay empresas privadas. Si Humala desafiara este mandato se pondría al margen de la ley y tendría que responder por ello.

Rechazar al estado empresario es por ello defender el derecho del pueblo a tener un empleo, el derecho de nuestros hijos a heredar un país con oportunidades, es defender el bienestar alcanzado hoy por quienes antes apenas sobrevivían. El estado antipopular no debe volver.