[Argentina] El sindicalismo K, más cerca de una ruptura

Ricardo Carpena, autor de estas líneas

El Gobierno tiene maniatados los fondos de las obras sociales como una forma de dominar al sindicalismo K o como un preámbulo de la apropiación de ese dinero para estatizar el sistema de salud? ¿Y si éstas no fueran opciones excluyentes? Esto es lo que teme, en el fondo, la dirigencia de la CGT Balcarce: que en ese “vamos por todo” que acuñó, Cristina Kirchner quiera tanto dominarlos políticamente como quitarles el manejo de una caja millonaria que es una de las claves del poder sindical desde los años setenta.

Sea como fuere, el efecto es el mismo: militar en el oficialismo no le garantiza hoy a ningún sector del gremialismo alguna ventaja.

Cada vez están más lejos los recuerdos de la “patria metalúrgica”, cuando Lorenzo Miguel, al frente de la poderosa UOM, ponía y sacaba ministros, incidía en la política económica, definía las listas de candidatos legislativos, condicionaba la estrategia de cualquier presidente. En este siglo XXI, Antonio Caló, el heredero miguelista, no logra siquiera conseguir una humilde audiencia con Cristina Kirchner y, para colmo, sabe que eso tampoco solucionará sus problemas.

Por eso, aunque el sindicalismo kirchnerista asegura que la Presidenta extraoficialmente ratificó que no se meterá con las obras sociales, las señales concretas que recibe son otras.

¿Cómo pensar otra cosa si, como sostiene el informe reservado al que accedió Clarín, la Superintendencia de Salud, que maneja la ultra-K Liliana Korenfeld, sigue sin responder a numerosas propuestas cegetistas y, además, parece desafiar con “pedidos de información por fuera de lo reglamentado, auditorías y multas” a las obras sociales?

Además, si es cierto que el jefe del PAMI, Luciano Di Césare, no tiene el respaldo presidencial para avanzar con su seguro de salud que controlará los fondos de las obras sociales, ¿por qué l o sigue promocionando en cuanta oportunidad tiene a su alcance, como sucedió hace poco en un congreso sobre salud que se hizo en la Facultad de Medicina?

¿Y cómo no inquietarse si cuando un importante gremialista fue a quejarse por la propuesta de Di Césare, el influyente secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, sólo le respondió que en el país “se gasta mucho en salud”?

En medio de este cuadro de situación, que se completa con los reclamos insatisfechos por el Impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares, la controvertida reforma judicial que impulsa el Gobierno tuvo un efecto explosivo.

La iniciativa fue apenas otra de las tantas medidas impulsadas por Cristina sin haber informado al sindicalismo K, pero alcanzó para que la reunión de la CGT Balcarce, el miércoles pasado, entrara en combustión.

Caló intentó frenar a sus colegas más indignados con los proyectos oficiales: “Antes de decir algo, consultemos a dos abogados constitucionalistas”, propuso. Lo cruzó Oscar Lescano, de Luz y Fuerza: “Ya sabemos que esta reforma va a perjudicar a los trabajadores –señaló-. ¿Qué esperamos?”. El jefe de la UOM, convertido en el más K de todos, quedó desairado por otro dirigente cercano al Gobierno como Gerardo Martínez, de la UOCRA, que propuso “ser aliados, pero no obsecuentes”. La división interna, de todas formas, motivó que los “Gordos” se apuraran a redactar y difundir un comunicado en contra de la reforma judicial, que Caló no pudo dejar de firmar.

La CGT Balcarce entró en un estado de convulsión que podría derivar en el alejamiento de algunos gremios enrolados en los “Gordos” y en el ex moyanismo.

Algunos se quejan incluso de que en la última reunión se dedicó más tiempo y energía a definir la comitiva sindical que participará en junio próximo de la asamblea de la OIT, en Ginebra, que en analizar la frágil situación política, laboral y económica del país.

No parece casual que pasado mañana se conmemore otro 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo, y ninguna central obrera haya organizado un acto multitudinario: mientras el sindicalismo oficialista sigue inmovilizado por sus tironeos internos, el opositor se enfoca en cómo participar de las elecciones legislativas.

“No es un tiempo sindical, sino político”, explican cerca de Hugo Moyano, más entusiasmado en preparar el lanzamiento de su partido, el 7 de mayo, en el Luna Park, que en responder si se sumará o no al paro nacional dispuesto por la CTA disidente.

Y Pablo Micheli, a su vez, debatirá con su consejo directivo la candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires y, para convencer a los que se resisten a descabezar la cúpula ceteísta, podría asegurar que no renunciará a su cargo porque, según el estatuto de esa central, no existe ninguna incompatibilidad entre los puestos sindicales y los legislativos.

Curiosamente, mientras el gremialismo peronista se rompe más, el Partido Obrero, el PTS y la Izquierda Socialista, siempre divididos, se unirán en un acto por el Día del Trabajo en la Plaza de Mayo, donde celebrarán que la izquierda acaba de ganar, con el 43% de los votos, las elecciones de delegados de la planta de Coca Cola en Pompeya. Como la crisis de la CGT oficialista, también lo hizo posible Cristina Kirchner.