Solo una batalla

La pareja presidencial dio marcha atrás en su decisión de comprar los activos de Repsol. Una buena noticia, pero el daño ocasionado a la confianza de los agentes económicos por el intento fallido  ya está hecho y el país tendrá que asumir ese costo de ese error.

Cuando se hizo oficial la intención de re-estatizar La Pampilla, Solgas y los grifos Repsol, los teléfonos del MEF literalmente “reventaron” con las incesantes llamadas de agentes de bancos de inversión, calificadoras de riesgo e inversionistas diversos, preocupados por el anuncio. Esta fue la razón por la que el ministro Miguel Castilla salió a la prensa para calmar los ánimos. Y por esta misma razón Humala declaró a la TV el domingo pasado, pero lo hizo con tanta ambigüedad que lo único que consiguió fue ahondar las preocupaciones.

Insistió en su propuesta alegando que no era ideológica, pero luego se contradijo y afirmó que su objetivo era tener un estado “fuerte”. Otro vocero del gobierno dijo que querían “frenar los precios usureros” de los combustibles. Y como corolario de todo esto, Humala desempolvó su discurso de la “gran transformación” ¡Cómo no iba a alterarse el mercado!

Lo único cierto es que no hay razón económica que justifique el afán intervencionista del presidente. Menos aún sustento legal. Al contrario, la Constitución lo prohíbe expresamente.

Las empresas estatales solo traen pérdidas, corrupción, ineficiencia, burocracia dorada, dispendio. Con los US$ 2,000 millones que se pretendía gastar en Repsol, se podría construir 3,000 escuelas, 30,000 postas médicas, o rescatar de la desnutrición a 1.2 millones de familias (cifras IPE). No hay derecho.

Lo único que ha conseguido la pareja presidencial con este intento fallido ha sido dañar la confianza de los inversionistas, polarizar al país, despertar una ola de rechazo ciudadano. El Congreso iba a convertirse en un escenario de confrontación en vez de concertación, y  estuvimos al borde de un grave problema de gobernabilidad.

La confianza dañada es la viga maestra de nuestra arquitectura económica, como lo han hecho notar con claridad los gremios empresariales, los partidos políticos democráticos, los principales economistas y los medios independientes. No habíamos visto una reacción tan firme del empresariado desde el intento fallido de estatización de la banca, en 1987.

Quien crea que ese daño afecta solo a la empresa privada, se equivoca. El más perjudicado será el pueblo. El deterioro del clima de inversión hará caer el empleo y los ingresos de los hogares pobres y medios. Ahora lo más difícil será restaurar ese daño, recuperar la confianza.

La pareja presidencial jamás debería olvidar que el 70% de los peruanos votó contra la “gran transformación” el 2011, y que la mayoría le dio su voto en la segunda vuelta solo porque Humala prometió que archivaría aquel proyecto. Sostener a estas alturas que “la hoja de ruta es el camino a la gran transformación” es una falacia. La primera es un compromiso de respetar la democracia y el modelo económico. La segunda es regresar al estatismo y desmantelar el sistema democrático.

El desenlace de este episodio es una buena noticia, pero lamentablemente el gobierno no ha querido hacer clara y explícita su renuncia al intervencionismo económico. En otras palabras, la democracia y la libertad económica han ganado una batalla, pero el estatismo aún sigue allí, al acecho. Sigamos alertas.