La otra gran promesa incumplida

La noticia de que la señora Eva Fernenbug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, se ha comprado ahora una súper oficina de más de 800 mil dólares en Lima pone de nuevo en el debate un viejo y recurrente tema en la política peruana: la corrupción.

Cuesta mucho trabajo creer que una anciana sin fortuna conocida se haya convertido, de la noche a la mañana, en millonaria después de que el esposo de su hija dejara la presidencia del Perú. Cuesta tanto creerlo que el Ministerio Público ha iniciado de oficio una investigación del caso. Y también el Congreso.

De la investigación parlamentaria tendríamos que esperar poco por su naturaleza política, pero lamentablemente la justicia peruana anda tan mal en ciertos casos que no nos queda más que esperanzarnos que una comisión de legisladores sea la que llegue al fondo del caso, si es que en el camino no hay un “acuerdo político” para “echarle tierra” al tema.

Hasta donde sabemos, el Ministerio Público está llevando la investigación de este escándalo a paso de tortuga, al punto que han transcurrido cinco meses desde que se descubrió la compra de la casa y hasta ahora no han declarado ante el fiscal los principales involucrados en la pesquisa: Fernenbug y los esposos Toledo.

Los peruanos no sabemos si la fiscalía ya ha realizado las gestiones para que las autoridades de Bélgica e Israel –países donde reside Fernenbug– informen del origen de la fortuna de la anciana. Y tampoco sabemos si la transacción de compra-venta del inmueble se hizo con la transparencia del caso. ¿Se pagaron los impuestos de ley, de dónde vino el dinero de la operación exactamente, de qué banco? ¿Se pagó en efectivo o cheque? Llama la atención el hermetismo y el silencio con que la procuraduría anticorrupción y los fiscales manejan el caso Toledo. Qué diferencia, por ejemplo, con el caso del congresista Aurelio Pastor, en el que la información fiscal se filtra a la prensa orientada de manera sistemática y dirigida a presentarlo como “virtualmente culpable”.

Y qué diferencia también con la actitud del procurador Julio Arbizu, quien se lava las manos en el caso del chakano diciendo que no puede investigar a Fernenbug “porque no es funcionaria pública”, argumento que no le importa para perseguir a Keiko Fujimori, quien tampoco ha sido funcionaria.

Hay indicios que apuntan a que alguien está cubriendo a Toledo con un manto de impunidad y parece ser la misma mano que protege a Alexis Humala, impune pese a haber usurpado ilegalmente la representación del Perú ante el gobierno ruso en busca de negocios raros. ¿Será por eso que la bancada toledista vota siempre a favor del gobierno en el Congreso? Nadie pide para Toledo la “justicia política” que él alentó contra sus opositores. Solo pido que reflexionemos sobre la promesa que muchos hacen desde el 2000, cuando anunciaron “el fin de la corrupción”. Han pasado 13 años y lo único que ha cambiado desde entonces ha sido la suerte de algunos políticos “íntegros”. Ahora son millonarios.