Picota presidencial

Las sorpresas inmobiliarias que viene dando la solvente suegra de Alejandro Toledo han desatado suspicacias, insinuaciones y hasta acusaciones sobre el origen y destino de esos dólares. Los runrunes eran previsibles, pues hoy casi no hay ex presidente o alto dirigente sin una sospecha grave pegada a los faldones, casi como una marca de su importancia.

Son cosas que nunca han pasado a mayores. En el caso de Toledo tuvimos la versión de las sobras del millón de dólares que el magnate liberal George Soros le habría entregado para la marcha de los cuatro suyos. En las últimas gacetillas ese dinero había quedado en manos de un sobrino fotógrafo, pero a partir de allí no se supo más nada.

En el caso de Alan García ya son más de 20 años de acusaciones de diverso tipo, todas desinfladas por el camino. Algunas son recalentadas cada tanto, pero vuelven a enfriarse al poco tiempo. Otras son nuevecitas, pero hay la sospecha de que terminarán en lo mismo, luego de hacer su ronda por las primeras planas antialanistas.

Es notorio que las acusaciones que mantienen a Alberto Fujimori preso son sobre todo de derechos humanos y lesa humanidad. La parte económica es intensamente sospechada, pero no ha podido ser cabalmente demostrada. Lo demostrable en la actuación económica de sus compinches para todo fin práctico duerme el sueño de los justos.

¿Qué está pasando? De un lado debemos aceptar la posibilidad de que no haya dolo identificable. De otro una mirada retrospectiva sugiere que las llamadas investigaciones de los políticos, generalmente desde el Congreso, no han pasado de ser acusaciones confiadas en argumentos sin verdadero peso en el sistema judicial.

Además en la medida que las sospechas tienen que ver con dinero mal habido que estaría fuera del país, los casos se topan con la virtual imposibilidad local de llevar adelante investigaciones eficaces en el extranjero. Las cuentas de Vladimiro Montesinos, por ejemplo, fueron ubicadas solo por una celosa fiscal suiza que accedió a las rogatorias peruanas.

Miremos la historia. Los robos atribuidos al presidente  Augusto Leguía nunca fueron demostrados. La flagrante deshonestidad atribuida a Manuel Odría quedó en nada, como le consta a su familia que vive en la modestia. Lo mismo pasa con los generales de Juan Velasco Alvarado acusados de haberse enriquecido.

¿Significa esto que no hay presidente culpable? No necesariamente. En todo caso quiere decir que es más fácil acusar que presentar pruebas fehacientes. Pero los políticos saben que el público cree en las acusaciones, sobre todo cuando llegan a las primeras planas. Además nadie le pide cuentas al acusador, por su ineficacia o su calumnia.

 (*) Artículo publicado en el diario La República en su edición correspondiente al 11 de mayo de 2013