Martes 23 de abril 2024 | Contáctenos
Santiago A. Cantón, autor de estas líneas
Evitar el conteo de votos en Venezuela, o hacerlo en la oscuridad, solo conduce a la falta de legitimidad y la consecuente debilidad institucional.
La elección en Venezuela ha subido a escena un protagonista de nuestra historia que parecía haberse jubilado hace unos años: la ‘transparencia electoral’. De que Nicolás Maduro sea el Presidente de Venezuela, no quedan dudas, y de que la mitad de la población no acepte el resultado, tampoco. La importancia de la transparencia electoral es central para la legitimidad del ganador y para el fortalecimiento democrático e institucional.
Con el retorno a la democracia en América Latina, la transparencia electoral pasó a ser un tema central de preocupación. Después de todo, la posibilidad de fraude electoral no podía ser ignorada. Elecciones en las que el partido gobernante buscaba perpetrarse en el poder con resultados de más del 90 por ciento a su favor eran una realidad innegable de nuestra colorida historia. Strossner ganó en 1958 con el 97% de los votos, pero al ser el único candidato, no podía convencer a nadie sobre las virtudes de la democracia paraguaya. No demoró en corregir sus errores y cinco años después ganó solo con el 90% y le dejó el resto a un candidato de la oposición. Y el Paraguay de Strossner no era el único caso.
Los partidos políticos y la sociedad civil buscaron apoyo internacional para supervisar las elecciones y fortalecer la democracia. Fue necesario modernizar el argumento de la soberanía y no-intervención para permitir que la comunidad internacional ‘observe’ y otorgue credibilidad a procesos que de otra manera hubieran carecido de la legitimidad necesaria. Afortunadamente, la cercanía en el tiempo de las dictaduras y el uso que le dieron al término soberanía y no-intervención para esconder graves violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos debilitó dicho argumento y se aceptó la colaboración de la comunidad internacional.
Un primer paso se dio de manera exitosa en 1988, con el apoyo al referéndum que le puso fin a la dictadura de Pinochet. Sin embargo, la experiencia principal que convalidó la participación internacional fueron las elecciones de 1990 en Nicaragua, en las que participaron aproximadamente 900 observadores internacionales de la ONU y la OEA.
Solo México continuaba negándose a aceptar cualquier tipo de ‘intervención’ en sus procesos electorales. Durante una reunión en su casa en febrero de 1994, el candidato a las elecciones del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, quien había sacudido al PRI con ideas de cambio y modernización, me informó sobre su decisión de aceptar observadores internacionales. Un par de semanas después, lo anunciaba en un acto por el aniversario del PRI, nada menos que en el Monumento a la Revolución diciendo: “La elección es de la sociedad y por tanto no puede ser un asunto cerrado. Su transparencia exige de la participación de observadores”. Tres semanas después, Colosio era asesinado en Tijuana, pero ya no había marcha atrás, y en América Latina parecía que el fraude electoral quedaba relegado a los libros de historia.
Pero el péndulo no se detiene y varias elecciones fueron cuestionadas por sus resultados. Por ejemplo, en las elecciones del 2006 en México, el líder del partido de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, no aceptó las cifras que lo daban como perdedor por 0,58%. La falta de certeza en esas elecciones llevó al vicepresidente de Chávez, José Vicente Rangel, a cuestionar ese resultado y a expresar sin temor a estar interviniendo en los asuntos de México: “Que un candidato de gobierno gane unas elecciones por unas décimas mueve a sospechas (...) Un candidato de la oposición puede ganar una elección por unas décimas, pero un candidato de gobierno genera sospechas”.
Precisamente para evitar que haya sospechas en Venezuela o cualquier otro país que se encuentre en una situación similar, se deben tomar medidas inmediatas para despejar cualquier duda sobre el resultado electoral y la legitimidad de un nuevo gobierno.
La única solución es el conteo total de votos, con presencia de veedores de los partidos políticos y de la sociedad civil nacional e internacional. Evitar ese conteo, o hacerlo en la oscuridad, solo conduce a la falta de legitimidad y la consecuente debilidad institucional.
No podemos dejar de pensar que la historia de principios de este siglo, que continúa golpeando todos los días a miles de millones de personas, en sus bolsillos y en sus derechos, podría ser otra si el 12 de diciembre del 2001 la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Bush vs. Gore, hubiese autorizado el conteo de todos los votos.
(*) Director del Centro Robert F. Kennedy, profesor de Derecho en Georgetown University, exsecretario ejecutivo de CIDH.
Artículo publicado en el portal del diario El Tiempo (13 de mayo de 2013)
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