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José Salardi Rodríguez, autor de estas líneas

Ha preocupado sobremanera la fuerte desaceleración del crecimiento que ha experimentado el PBI en marzo. En aquél mes, la producción apenas avanzó un 3 % y con ello se consolidó un crecimiento trimestral del orden del 4.79 %, el cual pone un poco cuesta arriba la posibilidad de cumplir la meta de 6.3 % trazada para este año.

El titular del MEF ha negado rotundamente que la economía se esté enfriando y que el crecimiento más abajo obtenido en un mes desde octubre del 2009, obedece básicamente a factores estacionales, como los tres días hábiles menos que se registraron en marzo y que golpearon los resultados estadísticos.

Lo cierto es que estas cifras de menor crecimiento aparecen en un contexto en el cual se ha confirmado que nuestras exportaciones han retrocedido en 10 % durante el primer trimestre (debido al impacto que ha tenido la caída del precio de los metales en el mercado internacional y a la fuerte retracción de la demanda de confecciones y textiles de parte de Venezuela) y poco después del alboroto que se armó por la intención inicial del gobierno de que Petroperú adquiera las operaciones de Repsol en el país.

Esta situación juega en contra y se presenta pocas semanas después de desarrollada la reunión del Foro Económico Mundial en nuestro país y de haber recibido felicitaciones por doquier por el acertado manejo económico peruano.

Lo concretó es que si queremos recuperarnos de este bache y conseguir las metas trazadas, habrá que trabajar muy duro en impulsar las inversiones, que son las que permitirán sostener el crecimiento con una visión de largo plazo. En esa línea, preocupa que las concesiones de gran envergadura no caminen como se esperaba y que sólo se estén colocando en manos privadas proyectos de pequeño impacto, que son importante pero no trascendentales para sumar puntos adicionales de crecimiento.

En ese sentido, los especialistas coinciden en que es momento de tomar el toro por las astas y de comenzar a utilizar con mayor decisión, mecanismos como el de las APP, que datan desde el 2008 (pero que tienen bases legales desde la década del 90), y que bien pueden apoyar en el cierre de la brecha de infraestructura y tener un impacto positivo en el ciclo de crecimiento económico.

Para este fin, es necesaria una decisión y compromiso político del gobierno, que debe de apoyar en una mayor difusión de un mecanismo que es favorable y que puede ser, con los ajustes requeridos, más atractivo para el sector privado.

Además, en esa línea de acción el gobierno debe priorizar bien sus proyectos, considerando cuáles son los más necesarios, urgentes e importantes, además de desarrollar una capacitación técnica de sus funcionarios para que se puedan crear proyectos que sean realmente bancables y se puedan desarrollar mecanismos ingeniosos de estructuración financiera de los mismos.

 

Experiencia global al respecto existe y mucha, y en la región no sólo hay referentes como Chile, Brasil y México, sino que en el mundo los precursores de las APP, como son los ingleses, ya están evaluando los ajustes requeridos, en base a la experiencia de las últimas décadas, para una nueva ola de concesiones y están pasando del Private Finance Initiative (PFI) al Private Finance Two (PF2). Incluso, países como la India, que está dentro de la gama de emergentes, ha conseguido posicionarse como el país con el mayor número de contratos firmados en el mundo de las APP, pese a tener pocos años en este terreno. Es decir, hay experiencia valiosa que se puede evaluar para que este sistema no de resultados a cuenta gotas en el Perú. Y en este sentido no se exagera, porque basta ver como las iniciativas privadas a nivel de gobierno central no han prosperado (más no así a nivel de gobiernos regionales y locales) y requieren una urgente promoción del gobierno. No esperemos a que el enfriamiento nos termine alcanzando por inacción.