[Colombia] En otra página

Vientos que mucha falta le están haciendo a este proceso tan castigado por el discurso de la oposición y tan escondido y confuso para el ciudadano común y silvestre.

Se proyecta —de nuevo, si todo transcurre como se espera— el cierre del primer punto del acuerdo general. Aun si así fuera, no sabemos si terminaría la discusión sobre el primer punto completo —‘política de desarrollo agrario integral’— o apenas sobre el primer punto de ese primer punto (‘Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva’). A tal punto llega el secreto de las negociaciones, que ni siquiera quienes estamos pendientes de él sabemos a ciencia cierta en qué van. Quizás eso sea bueno para el resultado final, no lo negamos. Pero lo que sí es innegable es que el debate público aquí en Colombia no va al mismo ritmo que allá en La Habana. Estamos en páginas diferentes.

Nadie puede negar la trascendencia que el tema agrario y de propiedad y uso de la tierra tiene en el conflicto y habrá de tener en el posconflicto. Sin embargo, en la práctica, lo que sobre este tema se acuerde finalmente no va a ser lo que defina si este fue, o no, un proceso exitoso. La preocupación central que en el país mueve la discusión frente al proceso de paz —como lo demuestra el promocionado debate teórico entre el fiscal Eduardo Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez alrededor de los límites entre la reconciliación y la justicia— es el segundo punto, la participación política, la manera como las Farc podrán pasar de las armas a los votos y, dentro de las garantías para poder hacerlo, por supuesto, el alcance de la justicia transicional a través del Marco para la Paz, hoy pendiente de control constitucional.

¿Está ese tema en el segundo punto? ¿Es parte del debate o simplemente será definido por la Corte Constitucional, reglamentado por el Congreso y llevado a la mesa como un hecho cumplido para que se acepte o no? ¿Hace parte este tema central, sin cuya definición hablar de participación política es un ejercicio inocuo, del compendio de recomendaciones que han llevado a la mesa los representantes del Centro del Pensamiento de la Universidad Nacional y de la oficina de Naciones Unidas en Colombia esta semana?

Dudas, preguntas, confusiones... Un proceso que, por ellas, comienza a perder apoyo ciudadano y que hoy, seis meses después de iniciado, entra en una nueva fase hacia el segundo punto de la agenda, se nos antoja que merece entrar de una vez en esa discusión definitiva. Sí, son sólidos los planteamientos teóricos que ha venido defendiendo el fiscal general sobre las posibilidades que hoy ofrece la justicia internacional frente a penas diferentes de la cárcel. Pero no es un asunto resuelto. Esta semana no más, Amnistía Internacional planteó en su informe anual reparos al Marco para la Paz como una especie de “luz verde” a los actores ilegales de que sus actos quedarán impunes.

¿Por qué, pues, aplazar esas definiciones sobre la justicia transicional que se va a aplicar a los guerrilleros? ¿Qué sentido tiene continuar con los demás temas sin antes resolver ese dilema que puede dejar todo lo acordado valiendo nada? Entendemos que hay una agenda definida y que quizás avanzar en temas menos difíciles puede haber sido una buena manera de darle oxígeno al proceso. Pero hoy se necesita otro respiro. Y este puede llegar con poner en la misma página el debate nacional y el de la mesa allá en La Habana.


(*) Artículo editorial ´publicado en el diario colombiano El Espectador (26 de mayo de 2013)