Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
Inconsistencias de las afirmaciones del ex - presidente son mayúsculas.
La suerte de Alejandro Toledo de ser investigado por el congreso de la república aún no está decidida. Si bien es cierto la semana que culmina la comisión de fiscalización se pronunció mayoritariamente a favor de la investigación, el pleno aún tiene la última palabra en su próxima sesión. Por supuesto si es que la mesa directiva presidida por Víctor Islas decide poner el tema al debate y al voto, teniendo la opción de diferir la fecha esperando que el tema pierda importancia en la opinión pública y decidir que los congresistas se pronuncien entre gallos y medianoche para ir en contra de lo que se convino en comisión. Allí ya veríamos una actitud de encubrimiento por la necesidad de mantener una alianza parlamentaria que le permita los votos suficientes para poder seguir legislando.
Hay que tener en cuenta que la investigación parlamentaria tiene solo el efecto de exhibición pública del personaje en cuestión, las decisiones de fondo las tendrá el ministerio público, pero para el ciudadano de a pie ha quedado claro que el hombre de la “chakana” no convence con sus afirmaciones y exige una actitud firme de congresistas, del fiscal y procurador del estado, si hay disposición a la exoneración del investigado quedará claro que no todos somos iguales ante la ley, principio básico en una sociedad que se precia de democrática.
Las contradicciones en las afirmaciones de Toledo son muy notorias, pero quiero referirme solo a dos que son más que saltantes: la naturaleza de inversión en la adquisición de la casa de Casuarinas y la supuesta garantía del empresario Maiman a la ya célebre suegra y su off shore.
Según se ha referido la casa que se adquirió al contado con transferencias bancarias que llegaron al vendedor del inmueble desde los bancos: JP Morgan, Bank of New York y Banco de Crédito del Perú, ahora será motivo de una hipoteca a otorgarse dadivosamente por el Scotiabank, que ha decidido darle un crédito a una señora de 85 años, con cinco años de gracia y veinte de pago, es decir que la cancelación se dará cuando la octogenaria cumpla 110 años. Se cubre la eventualidad de ausencia de la titular de la deuda diciendo que los herederos se harán responsables, se supone con la autorización de Eliane Karp y hermano, cuya aceptación debe aparecer rubricado en algún documento que aún no ha sido exhibido.
Con la tasa de 8% anual, que es la mencionada, los 20 años de pago y un monto de US $ 3´750,000, la cuota mensual será de US $ 30,623. La pregunta es obvia ¿quién será el arrendatario que esté dispuesto a pagar dicho monto por una casa habitación? Sería bueno que los corredores de alquileres nos digan ¿cuántas viviendas han sido alquiladas por ese monto en los últimos años? Recordemos que se dice que es una inversión lo que significaría que debería generarse un margen de ganancia, si fuera del orden de 10%, se tendría que recargar US $ 3.062, que sería la ganancia por mes. Sería un negocio absurdo, endeudarse más de tres millones de dólares para tener una renta de tres mil dólares mensuales. Más fácil hubiese sido que el matrimonio Karp-Toledo, le donen un diezmo de sus conferencias y se evitaría todo este andamiaje, palabra que gusta usar el ex mandatario.
El segundo punto es la famosa garantía otorgada por el señor Maiman a través de su empresa domiciliada en Tel Aviv, Merhav, por la nada despreciable cifra de 20 millones de dólares. Los documentos entregada por el líder de Perú Posible, no indica que exista una garantía, sino una autorización de inversiones en rubros inmobiliarios y energéticos a la empresa off shore Ecoteva, domiciliada en Costa Rica, presidida por la suegra de Toledo que es acompañada por dos personas sin mayor calificación profesional para hacer evaluaciones de colocaciones de tamaño monto y en rubros que requieren especialización. Lo lógico es que el señor Maiman que es un inversionista con amplio recorrido, hubiese contratado a un especialista para que invierta su dinero en estas latitudes.
Con lo afirmado que se desprende de la confesión de parte, un fiscal ya hubiera denunciado penalmente a cualquier ex servidor público y solicitado embargo preventivo de bienes, así como impedimento de salida del país. Eso se llamaría igualdad ante la ley. En esas condiciones sería una actitud suicida de la bancada gobiernista impedir que el congreso no haga una investigación. El descrédito está a la vuelta de la esquina si quieren hacer uso de él deben pensarlo bien.
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