Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
María del Pilar Tello, autora de estas líneas
El Instituto de Radio y Televisión del Perú, que gestiona TV Perú y Radio Nacional, está siendo objeto de cuestionamientos y desconfianza por su reequipamiento para un canal noticioso en cable. Se especula que se estaría preparando la infraestructura para la campaña de la llamada reelección conyugal. Se habla incluso del canal de Nadine. Sin embargo el proyecto viene de lejos, anteriores gobiernos dispusieron que el Canal 7, que siempre ha sido la niña pobre en equipamiento entre los medios de comunicación en el Perú, lograra un mejor acondicionamiento técnico desde que es el único que llega a los rincones más alejados del país adonde los privados no tienen interés comercial o social en llegar.
El problema no es la modernización del canal estatal, que beneficiaría a todos los peruanos en especial a los más alejados, sino el uso propagandístico que se pretenda. Los medios de comunicación estatales en el mundo o son gubernamentales o son públicos. Los primeros son manejados administrativamente por el gobierno de turno, con poca credibilidad y escaso rating en la medida que tienden a convertirse en propagandísticos voceros políticos de los gobiernos de turno. Los medios públicos, por el contrario, son considerados el modelo de medios de comunicación del siglo XXI porque siendo de propiedad estatal son administrados por representantes de la sociedad organizada, sean éstos de partidos políticos, colegios profesionales o universidades, de manera que puedan construir una imagen de imparcialidad que rima con credibilidad y legitimidad. En este sentido el medio público por excelencia en el mundo es y seguirá siendo la BBC de Londres al que siguen otros medios europeos como la RTVE de España o Radio France Internacional. Todos dan lecciones de profesionalismo y calidad y siguen siendo faros luminosos de información, debate y conocimientos.
MEDIOS PÚBLICOS, MODELO PARA EL SIGLO XXI
En nuestro país la mayoría de medios son de propiedad privada con fines de lucro y una minoría de propiedad estatal con carácter gubernamental. No existen medios privados sin fines de lucro como podrían ser los comunitarios pero tampoco existen los de carácter público que representan el interés general de la sociedad. No existe tampoco un debate sobre un sistema de medios de comunicación pública que se revela de alto interés pues permitiría la difusión de contenidos sin afanes mercantiles o políticos, orientados a la reafirmación de la identidad y de la soberanía, a la cohesión social, a la dinámica económica, a la apertura informativa, a la transparencia política. Podría responder al interés social diferenciándolo del gubernamental y de los intereses políticos y económicos que suelen estar detrás de los medios de comunicación privados.
Y es que los medios no subordinados al mercado o al gobierno son necesarios por ausencia del interés comercial, porque no actúan en función de la venta de espacios publicitarios o del rating y menos con compromisos de patrocinadores. Sus productos no buscan compradores, informan ciudadanos, buscan interlocutores y receptores que completen un circuito de comunicación, no un circuito comercial. Su misión es hacer realidad el derecho a la información para el ejercicio de la ciudadanía y llegar a todo el territorio, especialmente aquel adonde el servicio informativo no es rentable y la publicidad es inexistente porque la población no tiene capacidad económica para consumir.
Es cierto que en países de Europa las nociones de Estado y de servicio público están fuertemente arraigadas en la población, se diferencia el Estado del Gobierno de turno y por ello han surgido emisoras o grupos de comunicación con prestigio y calidad internacional indiscutibles que buscan que la población crezca en cultura, educación e independencia de criterios, con producción plural de radio y televisión, con contenidos variados que no excluyan lo político, lo cultural, lo informativo, lo educativo ni el entretenimiento, con programas dirigidos a la multiplicidad de grupos sociales y étnicos, con una constante experimentación en las posibilidades expresivas, con la creación de nuevos géneros,etc. La clave está en que los medios públicos deben ser manejados con probada autonomía y con una regulación jurídica precisa para su administración, organización, financiamiento y orientación de servicio.
La figura de los medios públicos, según el modelo europeo, incluye la consideración de servicio social, la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión, la convivencia en una sociedad laica y la consolidación democrática. La sociedad los necesita para acceder a ideas y visiones distintas a las que difunden las frecuencias comerciales, con imparcialidad sin discriminación ni racismo, abordando múltiples temáticas, con espacios para el disenso y la crítica fundamentada. En resumen un espacio donde se ubiquen las múltiples expresiones de lo cultural y lo social.
Los medios de Estado con carácter público no pueden ser instancias burocráticas, deben abordar los temas que atañen a la vida social, al arte y la cultura y promover toda expresión social. Su existencia no es una graciosa concesión gubernamental, ni fruto de la permisividad generosa de los propietarios privados, es una condición de la democracia.
Y como ha quedado demostrado medios públicos y privados no tienen por qué ser antagónicos, conviven en el espacio mediático y se complementan, con objetivos diferenciados no excluyentes. Con imparcialidad el medio público debe mostrar la diversidad de enfoques sin tomar partido distinto al interés nacional. Esa imparcialidad se debe a la autonomía de la gestión de acuerdo al esquema elegido para garantizar el manejo plural, que no acepte presiones ni del gobierno ni de los grupos económicos.
La televisión pública más importante del mundo sigue siendo la BBC Inglesa, dirigida por un Consejo Ejecutivo, nombrado por doce personas en representación de la empresa. Formalmente, la junta es nombrada por la reina, pero en la práctica, lo hace el Primer Ministro. Son elegidos directores independientes, sin vínculos con organizaciones involucradas con el sector comercial de TV. El modelo de financiación garantiza su plena autonomía pues cada ciudadano paga una tasa anual de contribución al mantenimiento.
EL DEBATE
La globalización y su desarrollo de las tecnologías de la comunicación crea nuevas formas de desigualdad y exclusión social, política y económica en el contexto de fuerte liberalización que reduce el rol de los estados nacionales y cuestiona su capacidad de gestión. También ha traído la tendencia a los grupos multimedia que reducen la pluralidad de la oferta comunicacional al tratarse de complejos concentrados con dinamismo económico asociado a lo político.
Es cierto que algunos medios públicos especialmente la televisión, no han sido ajenos a escandalosas manipulaciones informativas como las de la guerra en Irak y que un problema congénito es su apropiación indebida por los gobiernos, estatales o locales, lo que se traduce en falta de objetividad, de imparcialidad y de respeto al pluralismo para no hablar de la banalidad de gran parte de la programación o de la información convertida en propaganda.
Pero en el camino de las soluciones los medios públicos tienen importante espacio ganado. Y para evitar los excesos cada país debe contar con legislación propia sobre los medios estatales con una definición clara de su misión y sus funciones, que garantice financiamiento estable y asegure independencia a través de una autoridad audiovisual competente y neutral.
Y si en el Perú ingresamos a la etapa de las reuniones plurales de líderes políticos, un consenso básico debería permitir garantizar medios independientes, competitivos, de calidad e imparciales, para concretar el derecho a la información del ciudadano, habida cuenta que el mercado no garantiza el servicio público que se supone prestan. Ello implica que los gobiernos se abstengan de todo control político, directo o indirecto, sobre su funcionamiento.
La financiación es el punto débil de los medios estatales que los hace proclives a subordinación y manipulación gubernamental. Por ello en otros países se garantiza la independencia económica a través de una autoridad audiovisual con representantes del Estado y de la sociedad, dotada de autonomía política y financiera y capacidad sancionadora, con integrantes de probada capacidad y competencia, nombrados por periodos distintos a los de los gobiernos y sometidos a un severo régimen de incompatibilidades en relación a los cargos políticos como a los intereses del sector audiovisual. Algunos son elegidos por consenso, no por cuota política, en el Parlamento. En España el Presidente de la RTVE es elegido en el Congreso con votación consensuada como aquí lo hacemos con el Defensor del Pueblo o los miembros del Tribunal Constitucional. Ese es su nivel y no otro.
Adicionalmente cada medio público debe tener su propio Código de Ética o sus Estatutos de Redacción que amparen la cláusula de conciencia, el derecho de sus profesionales a negarse a elaborar o suscribir información contraria a sus principios éticos.
La autoridad de los medios audiovisuales no puede ser sancionadora y menos represora, debe ser garante de los derechos del público a fin de que se separe la opinión de la información, que se entregue la información completa, imparcial y oportuna, que se respete el pluralismo y se garantice el honor, intimidad y propia imagen, que se preserven los menores y la familia.
Esta es la lógica democrática de la que no deberíamos estar lejos. Hoy medios públicos significan no censurar o controlar contenidos sino todo lo contrario, asegurar los derechos fundamentales de la persona, entre ellos de comunicar y recibir información. Evitar que los productos mediáticos respondan sólo a la lógica del marketing o del rating o al interés político del gobierno.
Europa cuenta con más autoridades audiovisuales en el mundo, lo que no es casualidad. Responde a la necesidad de separar los órganos reguladores de la comunicación de los operadores regulados, de procurar la objetividad en beneficio del receptor. Ello exige que ningún Gobierno disponga en exclusiva del poder regulador sobre el sector.
EN AMERICA LATINA
El interés por los medios públicos se renueva y participan el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo con proyectos de medios públicos en la región, fortalecimiento o reforma en Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Brasil, Argentina o Uruguay. Se buscan las mejores prácticas en los medios, al rescate del mejor periodismo que hará mejores sociedades.
Así en junio de 2011 en Montevideo especialistas en comunicación nos reunimos para preguntarnos ¿Qué sistema de medios y qué modelos de comunicación requieren los países de América Latina? ¿De qué modo pueden los medios y las políticas públicas contribuir a la consolidación y el perfeccionamiento de las democracias en la región? ¿Cómo aprovechar la experiencia de otras regiones en sistemas mixtos de comunicación? ¿Cómo utilizar la televisión digital y las herramientas de Internet y las redes sociales para la generación y puesta a disposición de contenidos ampliamente representativos de todos los sectores de la sociedad?
Tres meses después en Asunción, en octubre 2011 se animó la discusión con “Medios Públicos y Sociedad: la experiencia global y el camino latinoamericano” para analizar el profesionalismo y la independencia de gestión de los medios públicos, la diversidad de voces en el espacio mediático, la libertad de prensa y el pluralismo o la rendición de cuentas de las Administraciones públicas.
Las discrepancias existen pero si hay consenso en los objetivos, habría que buscar los mejores procedimientos. Los aportes y experiencias están ahí para deslindar sobre ventajas e inconvenientes de unos y otros modelos, desafíos a responder por gobiernos que deseen un sistema de medios equilibrado, socialmente útil y bene?cioso para su ciudadanía. En el Perú podemos hacer de la desconfianza confianza y colocar el tema en el debate. Nuestra democracia merece un medio público de calidad. Con base en nuestra experiencia hemos entregado una iniciativa para una empresa multimedia del Estado, de gestión publica, que podría lograrse por fusión del IRTP y Editora Perú con el fin de unir prensa escrita, radio, televisión e internet y generar sinergias que hagan realidad el derecho a la información para todos. Esperemos.
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