La República: Una Negativa Razonada

El Presidente de la República decidió no conceder el indulto a Alberto Fujimori acogiendo la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. En dicho informe se concluye la improcedencia de la gracia presidencial tras evaluar las condiciones de salud y carcelarias de Fujimori, sobre quien se afirma que no padece enfermedad terminal, grave, incurable y degenerativa y que no sufre de trastornos mentales graves, insalvables e incurables, de modo que su pedido no se ajusta a  las condiciones de un indulto humanitario. Luego, el Jefe de Estado ha querido subrayar las razones personales de su decisión.

La medida adoptada es legal. El mismo Fujimori propuso y promulgó en 1995 una ley que excluye expresamente de este beneficio a los autores del delito de secuestro agravado, uno de los ilícitos por los que fue condenado. Asimismo, la Corte Interamericana de DDHH descalificó claramente el indulto y la amnistía para delitos de lesa humanidad. En ese punto, la decisión presidencial ha sido respetuosa de los estándares legales que orientan al Estado, asumiendo que el indulto es una prerrogativa que carece de un sentido discrecional absoluto e irrestricto. Por ello, su decisión se basó en el pronunciamiento previo de un órgano especializado.

La decisión es también justa porque atiende la demanda de las víctimas de los delitos por los que fue condenado Fujimori que, de otro modo, habrían visto vulnerado su derecho a la justicia y a la memoria. La condición de ex Jefe de Estado de Fujimori hace que su condena sea ejemplarmente emblemática en el proceso de la afirmación del derecho a la vida. Al contrario, América Latina ha logrado en las últimas décadas un estado superior de democracia precisamente por echar abajo las estructuras propias de la impunidad y sancionar ejemplarmente a los jefes políticos y militares de los gobiernos violadores de la democracia y los Derechos Humanos.

No indultar a Fujimori, no obstante, es doblemente justo si consideramos la repudiable campaña que él y sus partidarios llevaron a cabo desde hace meses para sorprender a la opinión pública, montando un operativo publicitario descarado, al extremo de comercializar sus dolencias. Si alguien politizó el pedido de indulto fue el mismo Fujimori cuando decidió organizar una ofensiva política en favor de su libertad, chantajeando la gobernabilidad desde su numerosa bancada parlamentaria.

La decisión contraria al indulto es igualmente principista. Usando el deseo comprensible de sus familiares, Fujimori se negó a solicitar su indulto en primera persona y solo se adhirió al pedido de sus hijos. Con esa artimaña evitó arrepentirse públicamente y pedir disculpas por el daño causado a las víctimas y la sociedad, intentando mantener vigente el discurso fujimorista que reivindica su gobierno, autoritario, violador de los DDHH y corrupto, como un acierto de la historia.

La defensa de Fujimori ha respondido a la actitud escrupulosamente republicana y legal del presidente Ollanta Humala con el razonamiento infantil de que al reo que defiende le corresponde el “derecho a ser indultado” por el simple hecho de haber iniciado el trámite.  Frente a ese espíritu manipulador de siempre ha hecho bien el presidente Humala en puntualizar las razones de su decisión. Su negativa es legal, justa y principista.