¿Socios estratégicos?

José Salardi Rodríguez, autor de estas líneas

Después del nerviosismo que generó la felizmente descartada operación de compra de Repsol y la desaceleración del crecimiento del PBI registrada en marzo, el gobierno ha reaccionado, tratando de inyectar confianza al empresariado y dando un paquete de medidas que busca destrabar e impulsar la inversión privada en Asociaciones Público Privadas.

En esa línea, hubo el martes último una saludable reunión en Palacio de Gobierno, a la cual acudieron los líderes de diversos gremios empresariales. La finalidad fue buscar un acercamiento entre el sector público y privado, discutir el nuevo paquete de medidas implementado y superar percepciones equivocadas entre ambos sectores.

Este primer paso es positivo y se debió de dar hace mucho de manera frontal. En realidad, esta no es una debilidad del actual gobierno, sino que desde gestiones gubernamentales anteriores, muchas veces se dictaminó la política económica de espaldas al empresariado. Si bien la ruta económica en general, ha permitido el crecimiento sostenido de los últimos años, no se puede negar que hubo más de un impasse entre el gobierno de turno y el sector privado, por darse iniciativas legales, que no hacían más que entorpecer el desarrollo de la actividad empresarial en el país.

Eso hasta ahora lo vienen graficando rankings como el de competitividad mundial del Foro Económico Mundial y el Doing Business del Banco Mundial, en los cuales aún estamos lejos de ser protagonistas y de contar con procedimientos eficientes para fomentar un adecuado clima para el desarrollo de los negocios en el Perú.

En ese sentido, mucho ayudaría que el sector público y privado vayan de la mano, en una clara relación entre proveedor y usuario, considerando que es el empresariado el que bien podría poner sobre la mesa la gama de trabas e impedimentos que no permiten que la inversión pueda fluir de la manera que todos quisiéramos. Un claro ejemplo, es el diagnóstico que una y otra vez ha elaborado AFIN en relación a los largos plazos que transcurren para que una APP en infraestructura pueda concretarse en el país. Al respecto, el gobierno ha aprobado un paquete de 7 medidas (que según el titular del MEF será complementado en breve), pero la gran pregunta es que si con este conjunto de medidas, se logrará concretar en el corto plazo los US$ 15 mil millones en proyectos que se piensan desarrollar con el sector privado.

Incluso, esta cifra es pequeña, considerando que la brecha de infraestructura ya bordea los US$ 100 mil millones, según la Cámara de Comercio de Lima.

A priori, la experiencia delos últimos años, permitiría adelantar que dada la funcionalidad y operatividad de Proinversión, los quince mil millones son una utopía y que no se concretarán en el plazo prometido. Sin embargo, para conseguir esta meta, será importante que se cumpla con lo manifestado por el Ministro de Economía post reunión, en relación a que este acercamiento entre las partes continuará, considerando que con ello ganará la economía nacional.

Ya en la reunión sostenida con el mandatario, los gremios han lanzado algunas propuestas, que abarcan temas que no son nuevos, pero que siguen en agenda, como son la reforma integral del Estado, la modificación del sistema tributario, los cambios en el régimen laboral, y la lucha frontal contra la corrupción en todos sus niveles.

Esperemos, que sean bien recibidos por el Ejecutivo y que se orqueste una verdadera labor de socios estratégicos para determinar las medidas requeridas para avanzar en estas debilidades que aún registra el Perú. Más importante aún, es que esta reunión no haya sido solo coyuntural y para la foto, sino que en los próximos años veamos sus frutos plasmados en puntos adicionales de crecimiento, inversión, generación de empleo y reducción de la pobreza.