Sábado 20 de abril 2024 | Contáctenos
Esta euforia por la denuncia que vive el país –o, para no exagerar, sus políticos– conlleva el riesgo de que la institución de la denuncia de corrupción se devalúe, desprestigie y, al final, no llegue a ‘buen puerto’.
No llegar a ‘buen puerto’ significaría que nunca se sancione a los culpables o que se manche injustamente la honra de algunos denunciados.
A eso apuntaba Mirko Lauer, ayer en su columna, al concluir que podríamos “no parecer una sociedad buscando erradicar la corrupción, sino más bien un país entero gritando al ladrón por calles y plazas”.
El Papa Francisco dijo hace poco que “los corruptos son el anticristo, adoradores de sí mismos que solo piensan en ellos y consideran que no necesitan de Dios”.
La corrupción es, no hay duda, una lacra social que se debe combatir y castigar con rigor. Pero eso debe ocurrir con un esfuerzo serio y ordenado y no como parece con frecuencia en el Perú, donde la lucha anticorrupción no es un objetivo en sí mismo sino, únicamente, instrumento para dañar al rival político.
En este sentido, la vorágine de denuncias que estamos viendo ahora sería una expresión de la llegada prematura de la temporada electoral que debió empezar recién en el segundo semestre del año 2015, es decir, de la instalación del clima electoral antes del tiempo debido.
Denuncias hay para todos y contra todos. Alan García está en la megacomisión y ahora se debate en torno a la misma si se está cumpliendo el debido proceso luego de las observaciones expuestas por la Defensoría del Pueblo.
El caso de Alejandro Toledo –por la casa de su suegra– está ahora concentrado en desmontar el blindaje que quisieron darle haciéndole, en realidad, un daño al propio ex presidente pues él debiera ser, si tiene las cosas en orden –lo cual no parece hasta ahora–, el principal interesado en una investigación profunda.
La investigación contra Keiko Fujimori por vivir en la casa de su tía prófuga es bien simplona, pero esto se enmarca en el contexto en que no debe haber candidato presidencial sin su acusación bajo el brazo. César Acuña y Gregorio Santos, entre otros, también tendrán pronto su comisión investigadora.
Lo más probable es que a las investigaciones actuales –‘con su comisión más’– se sumen muchas otras, y que todas sigan abiertas hasta el año 2016 para ser usadas como instrumento de batalla política.
¿A qué puerto llegará todo esto? Quién lo sabe. Y, finalmente, ¿esto le interesa, realmente, al ciudadano, o este exceso desordenado de emisión ‘inorgánica’ de denuncias acabará en una devaluación de la institución de la denuncia?
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