Libertades aplastadas

César Campos R., autor de estas líneas

Malas noticias circulan por el mundo en torno a libertades fundamentales vulneradas y aplastadas deliberadamente por gobiernos tributarios del voto popular. Imposible llamarlos “democráticos” hasta que la elasticidad del concepto nos haga entender si verdaderamente lo son. Mientras tanto, la declaración de los derechos humanos empieza a ser menos universal de lo que proclamaron sus gestores hace  65 años y amenaza sucumbir antes de llegar al siglo de vida.

Empecemos por Ecuador y la “ley orgánica de Comunicación” aprobada recientemente por la mayoría oficialista del Congreso, la misma que – como era de esperarse – mereció el júbilo del presidente Rafael Correa. Dicha norma no hace otra cosa que poner en vigencia antiguos procedimientos de regulación y control estatal sobre contenidos de los medios (creando la “Superintendencia de Información y Comunicación”), y elevar a la categoría de enunciado jurídico clichés como el de “linchamiento mediático”.

La prolongada batalla por la libertad de prensa – que nace junto a la invención de la imprenta cuando la iglesia Católica romana, aliada de algunas monarquías, vio en ella un peligroso instrumento para la divulgación de las tesis reformistas de Calvino y Lutero – ha tenido como enemiga a toda clase de regulaciones. Napoleón Bonaparte las impuso menoscabando la herencia republicana de la esa libertad. El conjunto de regímenes totalitarios (desde la Alemania nazi hasta la Rusia soviética en el siglo XX) las mantuvieron con ahínco. La dictadura de Juan  Velasco en el Perú estableció la Oficina Central de Información (OCI) donde se filtraba, enmendaba o censuraba las noticias que debían aparecer al día siguiente en los periódicos, la radio o la televisión.

Todo esto era sueño del pasado hasta que Correa y sus mastines nos devuelven una pesadilla. Y agregándole otra al periodismo ecuatoriano que, si por ejemplo se le presentara un caso como el de Alejandro Toledo con sus incalculables mentiras o contradicciones en relación a las propiedades inmobiliarias de su suegra, sería acusado de “linchamiento mediático” por informar constantemente acerca del hilo de una voluminosa madeja.

De Correa podía esperarse semejante proceder. Pero no así de los Estados Unidos cuyo presidente Barack Obama viene sumando  autogoles en materia de respeto a los más elementales derechos ciudadanos y de la prensa, a pocos meses de tomar la rienda de su país por segunda vez. El símbolo casi epónimo de las libertades públicas revive de manera institucional acciones violatorias de su Constitución que antes solía aislarlas o mantenerlas en perfiles de sótano.

Obama no había terminado de sacudirse del escándalo de las escuchas telefónicas ilegales practicadas a varios periodistas de la agencia informativa Associated Press – promovidas y luego admitidas el mes de mayo por el Departamento de Justicia – cuando la semana pasada un ex agente de la CIA y empelado de una empresa proveedora de servicios de inteligencia nada menos que a la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, reveló el carácter masivo de la intervención gubernamental en toda clase de comunicación privada de los norteamericanos, pretextando la persecución de terroristas internacionales.

La denuncia de Snowden abre una polémica entre la prevalencia de la seguridad interna de los EE.UU.  y el derecho de sus habitantes a la intimidad o la libre expresión. Pero hasta el momento sólo hay respuestas insuficientes o insignificantes. El gigante del norte viola a su propia madre, el sistema de libertades, y ni siquiera balbucea una explicación.