Autonomía universitaria y actitud frente a tomas

El desalojo de la Casa Central de la Universidad de Chile por parte de Fuerzas Especiales de Carabineros generó una airada protesta del rector del plantel. La institución policial y el gobierno han justificado esta acción alegando que hubo agresiones lanzadas desde su interior, constituyendo un delito flagrante que obligó a su actuación. La máxima autoridad de la casa de estudios  alegó que la medida rompió una “tradición”, violó la autonomía universitaria, se trató de una acción no autorizada por la universidad y que además se realizó con un fuerte grado de violencia hacia los estudiantes por parte de personal policial. Si bien resta por aclarar algunos antecedentes que rodearon este episodio, resulta improcedente confundir la debida autonomía universitaria -que esencialmente comprende su quehacer académico- con una suerte de pretendida extraterritorialidad que colocaría a la universidad fuera del campo de acción de la ley y el Estado, lo que a todas luces resultaría no sólo ilegal, sino lesivo para el propio interés de la comunidad universitaria.

La Casa Central de la Universidad de Chile fue tomada por encapuchados la noche del 3 de junio. Inicialmente la Federación de Estudiantes (Fech) la rechazó, pero a los pocos días la refrendó por estrecha votación en el consejo de presidentes. El propio rector se mostró contrariado por la toma, la que si bien dijo rechazar, manifestó “comprender” ante las demandas no satisfechas del movimiento estudiantil. No resulta conveniente que las autoridades académicas exculpen actos de violencia que contradicen el espíritu de diálogo racional que debe encontrar en la universidad su hábitat natural, pues ello inevitablemente termina por alentar medidas de presión por parte de los grupos más radicalizados o les facilita la impunidad. El hecho de que la Universidad de Chile sea depositaria de una serie de tradiciones y virtudes, que la han convertido en un centro de excelencia formativa y orgullo para el país, no debe llevar a perder las perspectivas cuando se reclama su necesaria autonomía. Esta debe entenderse como la libertad que debe prevalecer para el gobierno de  su quehacer académico, donde florezcan y se promuevan distintas visiones de pensamiento, sin otra restricción que el rigor, la disciplina intelectual y el libre juicio de sus estudiantes y docentes. Las acciones de fuerza por parte de grupos radicalizados violentan precisamente esta autonomía, pues amedrentan a la comunidad y lesionan los derechos de alumnos, profesores y administrativos. Por ello cabría esperar que sus autoridades sean especialmente celosas en defender que la universidad y sus símbolos no sean cooptados por estos movimientos.

Lo ocurrido esa jornada da cuenta de una situación donde hubo un duro enfrentamiento entre estudiantes y fuerzas policiales, luego de que los primeros agredieran los efectivos, a juzgar por algunos videos que han sido dados a conocer. Sería relevante que Carabineros aporte prontamente todos los antecedentes disponibles ante la ciudadanía a objeto de formarse un juicio cabal de lo ocurrido. Su deber de actuar frente a delitos flagrantes no puede estar en discusión, y si se actuó con violencia injustificada ello deberá ser determinado por los sumarios respectivos, con aplicación de sanciones si corresponde. El caso resulta aleccionador para comprender lo riesgoso que resulta la debilidad en la condena al accionar de grupos radicalizados, que han abandonado la vía pacífica para manifestarse y han optado, en cambio, por vías violentas que justifican la intervención proporcionada de la policía.