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Martes 25 de junio 2013

La decisión política en proyecto Talara

Por: César Gutiérrez
La decisión política en proyecto Talara
Foto: gua30.wordpress.com

Han pasado siete años y el proyecto estatal de la modernización de la refinería Talara, de propiedad de Petroperú, está lanzado. No pocas críticas se han dado y se darán, es más, habrá fuego graneado de los que están a favor y de los que están en abierta oposición, el debate con exhibición mediática se dará, se echarán muchas cifras a la mesa para defenderlo o satanizarlo. La decisión final será política, de los ministros de energía y minas, economía y finanzas y del presidente de la república, por tanto un análisis en ese ámbito es indispensable.

El proyecto lo dividiría en tres rubros: desulfuración, valor agregado y servicios auxiliares. Si de poner cifras se trata, la desulfuración tendrá un costo del orden de 1,400 millones de dólares; el darle valor agregado a la producción requiere una inversión de cerca de 1,300 millones de dólares adicionales y los servicios auxiliares costarán cerca de los 700 millones de dólares. Mientras que la empresa tiene un capital social del orden de 500 millones de dólares y tiene resultados acumulados por otros 500 millones de dólares.

Si la decisión es solo desulfuración, los 1,400 millones de dólares será inversión a fondo perdido, pues el combustible no cambiará de precio al público, la competencia de la importación lo impedirá y no habrá recursos adicionales a los existentes para recuperar lo invertido.

Si se opta por la desulfuración más valor agregado, la inversión ascenderá a 2,700 millones de dólares a lo que habría que agregar 700 millones de servicios auxiliares, que si son entregados a terceros en concesión se alivia las necesidades de inversión de la petrolera estatal.

Dos preguntas fluyen inmediatamente: ¿será sujeto de crédito la empresa? ¿Se podrá pagar el flujo de pagos futuros? Las dos respuestas son afirmativas con condicionales que dependen de decisión política. En el primero de los casos se requerirá la capitalización de los resultados acumulados y para el segundo que el ejecutivo le permita recuperar el IGV que pasa a ser costo por ser una empresa domiciliada en Lima y que tiene que vender combustibles en las zonas de selva donde hay exoneraciones de impuestos. Me parecería inverosímil que el gobierno del “humalismo” no tome una decisión tan sencilla.

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