"Humalismo" solo tiene una opción política en el proyecto refinería Talara

Al paso que va el régimen “humalista” está llamado a convertirse en el gobierno de una trilogía de nimiedades, convertidas por el verbo cuartelario en anuncios de obras faraónicas: ejecución de megaproyectos, lanzamiento de grandes programas sociales y colocación de primeras piedras. Obviamente el resultado final es cero puntos, cero balas; que en lenguaje castrense significa inexistencia de efectividad.

El problema de fondo es el desconocimiento de los conceptos económicos de los emprendimientos que se anuncian y de su implicancia en el manejo de la macroeconomía, lo cual deviene en voluntarismo de más alto octanaje. En agenda casi nada va quedando que sea creíble de realización: el gasoducto sur andino va camino a convertirse en la maqueta del mausoleo al tubo; la planta de regasificación para uso interno del gas natural, devendrá en un sueño gaseoso; el nodo energético del sur será un nudo gordiano de la electricidad; el polo petroquímico será émulo de los restos de la planta de la Unión Carbide, colapsada en Bhopal, sin haberse iniciada la construcción.

Todos estos proyectos  formarán parte de un armatoste que se irá directo al desván donde se guardan los asuntos sin importancia. Entonces ¿qué le queda al “humalismo” para exhibir? Tiene solo una bala en la cacerina de su vetusta arma de inversiones, esa es el proyecto de modernización de la refinería Talara de la petrolera estatal Petroperú, que de no hacerse tendrá connotaciones políticas de proporciones en el corto plazo que afectarán seriamente a este endeble gobierno que en menos de dos años ya tiene tan solo 39% de aprobación ciudadana.

No se ha escrito aún las consecuencias políticas de la no ejecución de la obra de Talara, mi visión sobre el particular es apocalíptica. Hoy la producción de las refinerías en el Perú, tanto de la estatal, Petroperú, como de la privada Refinería La Pampilla, de la española Repsol, producen petróleo diesel, el combustible de mayor consumo en el país, con cerca de 3,000 partes por millón (PPM) de contenido de azufre, mientras que el estándar internacional es de no más de 10 ppm. Solo existe la obligatoriedad para la capital Lima, que hoy se abastece con producto importado, quedando pendiente de un decreto supremo, que se aplique en el resto del país. Esa decisión difícilmente se podrá mantener pendiente hasta el término de mandato de la pareja Heredia-Humala, pues los compromisos ambientales firmados por el estado peruano a nivel internacional lo impedirán.

¿Qué ocurrirá en caso no se ejecute la cacareada modernización de refinería Talara y que se tenga que establecer la obligatoriedad de diesel con 50 ppm en provincias? Dado que este combustible es el de mayor consumo y el que mayor margen bruto aporta a la economía de las refinerías, éstas tendrían que cerrar su operación y dedicarse a importar, que si bien es cierto en términos de precios y continuidad del suministro tendrían el mismo nivel actual sin que el consumidor sienta la diferencia; sería una gran complicación para el gobierno, por  el número trabajadores directamente empleados que tendrían que ser despedidos, que sería del orden de 2,000 personas. Una situación de esta naturaleza es inviable para la presente administración gubernamental.

Pero, ¿será posible que la petrolera del estado pueda acometer el proyecto que ascenderá a 2,700 millones de dólares solo en procesos de refinación, asumiendo que los servicios auxiliares se deberán entregar en “outsourcing”? Hay varios condicionales que cumplir para que ello ocurra y  dependerá exclusivamente de decisiones políticas del poder ejecutivo. Hagamos el recuento de lo que habría que hacer: tendría que capitalizarse los resultados acumulados que aparecen en el balance, lo que llevaría a que la empresa tenga 1,000 millones de dólares de capital, dándole mayor facilidad para el endeudamiento; tendría que garantizarse que se le exonere del IGV de compras de crudo en la amazonia, que hoy no le es aplicable pues Petroperú es una empresa domiciliada en Lima, esto significaría con todo derecho, de contar a precios actuales con cerca de 60 millones de soles anuales en sus arcas y finalmente que la empresa en un plazo no mayor de un año esté cotizando un paquete de acciones en la bolsa de valores de Lima, lo que sería un punto de inflexión favorable para tener una gestión más eficiente. Esto último requiere mucho más que una promesa lírica, de las cuales el régimen nos tiene acostumbrados, algo creíble sería la contratación de un banco que estructure la colocación de acciones y que se reporte como hecho de importancia a la supervisora del mercado de valores (SMV)

El gobierno a través del ministro Luis Miguel Castilla, tiene la decisión en sus manos, que el proyecto ya lanzado y con cifras consensuadas con la supervisión y consultoría internacional externa, se convierta en un hito favorable, de lo contrario tendrá un explosivo de detonación por tiempo, que explotará antes del 2016, se los garantizo y lo firmo.