Continúa intenso debate de Ley de Servicio Civil

Parlamentarios de diversas tiendas políticas sugirieron devolver a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta de la República los dictámenes emitidos por ambas respecto del proyecto de la Ley del Servicio Civil, a fin de elaborar un documento consensuado que sea aprobado con la opinión favorable de todos los sectores.

La Representación Nacional también coincidió en todo momento a favor de respetar y asegurar la estabilidad de los trabajadores del sector público, durante la continuación del debate de la Ley del Servicio Civil que se inició en horas de la mañana y continúa hasta el momento, en lo que constituye una maratónica sesión sobre el tema.

Teófilo Gamarra (NGP) criticó el ‘populismo’ de algunos de sus colegas de crear ilusiones en trabajadores prometiéndoles incrementos en sus ingreso que no podrían ser atendidos por limitaciones presupuestales. “¿Hay congresistas que quieren la quiebra del Estado?”, se preguntó.

A su vez, Tito Valle (GPPP) propuso modificar el inciso c) del artículo 80º del dictamen de la Comisión de Trabajo para que se considere como ‘remuneración priorizada’ las actividades que se realizan sobre los 4,000 metros sobre el nivel mar.

Lo siguieron Hugo Carrillo (NGP) y Martha Chávez (GPF), quien advirtió que se quería retirar o eliminar beneficios que gozan los trabajadores, cuando estos debían ser aumentados gracias a la buena situación económica de la goza nuestro país actualmente.

Octavio Salazar (GPF) expresó la necesidad de ‘estandarizar’ los tres regímenes existentes alrededor del régimen del DL 728, para evitar que los trabajadores se manifiesten a favor de mantener los beneficios ganados y mejorarlos. Insistió también en no imponerles una ley en corma coercitiva sin haber sido consultados para su elaboración.

A su turno, Mauricio Mulder (CP) aseguró que estaba en juego la confianza que tienen los trabajadores en el Gobierno y en sus voceros parlamentarios. Dijo que el servicio civil es un tema de carácter político que no se ha sabido manejar.

Más adelante, Santiago Gastañadui (NGP) propuso elaborar un documento que contemplase el equilibrio fiscal y la igualdad ante la ley; Gian Carlos Vacchelli (NGP) afirmó que no se podía mejorar la administración pública violando los derechos de los trabajadores, con despidos arbitrarios y recortes a sus beneficios.

Juan Carlos Eguren (APGC) opinó que la nueva Ley debiera garantizar que no haya violación a los derechos, que estos no se recorten y, por el contrario, sean aumentados, estableciendo, por ejemplo, que los aguinaldos por Navidad y Fiestas Patrias sea de una remuneración mensual para todos los trabajadores, sin excepción.

En el mismo sentido, propuso que los beneficios de que gozan los trabajadores del régimen del DL 728 se haga extensivo a todos los servidores públicos. Para ello, propuso que se elaborara un dictamen consensuado para ser aprobado por unanimidad.

Víctor Grandez (GPPP) (GPF) afirmó que el proyecto de la Comisión de Presupuesto atentaba contra la sindicalización, la estabilidad y el futuro de los trabajadores públicos, y propuso que el dictamen sea enviado al archivo “si no respeta y garantiza el derecho de los trabajadores”.

En esta parte del debate intervinieron, también, los legisladores Juan Pari (NGP), Virgilio Acuña (SN), Leonidas Huayama (NGP), Mariano Portugal (GPPP), Jorge Rimarachín (AP-FA), Gustavo Rondón (SN) y Verónika Mendoza (GPF), entre otros.