¿Al servicio de quién?

Seguramente la jornada de lucha convocada para hoy por la CGTP  tendrá como primer blanco la nueva ley de Servicio Civil que aprobó el martes el Congreso de la República. Lejos de buscar un acercamiento con los trabajadores, el gobierno de Humala y sus congresistas no han hecho más que tensar aún más la cuerda.
 
La semana pasada el Congreso desecho el dictamen sobre la ley de Servicio Civil que elaboró la Comisión de Trabajo y que recogía una serie de iniciativas presentadas por los principales gremios laborales del país.  El martes el proyecto promovido por el gobierno y el Ministerio de Economía a través de la Comisión de Presupuesto fue sometido a cambios “cosméticos” según señaló a un diario el congresista Yohnny Lescano, para ser finalmente aprobado.
 
De más está decir que es positivo que quiera unificarse los distintos regímenes laborales que coexisten en el Estado peruano y se busque ordenar los conceptos salariales que un trabajador estatal recibe. Es también saludable que se establezcan criterios meritocráticos para el ascenso al interior de la carrera pública, así como para la permanencia en esta. Por otra parte es positivo que ayer el partido oficialista modificó los montos por CTS y aguinaldos que percibirán en adelante los nuevos trabajadores.
 
Sin embargo, todo lo anterior no puede ponerse por encima de la grave violación que supone esta ley y que es incluso reconocida por laboralistas usualmente identificados con posiciones a favor de la flexibilización laboral. Una de las principales violaciones a la libertad sindical del proyecto era la de establecer sindicatos por entidad, es decir por cada centro de trabajo, y no de tipo general, por rama. Como señalan múltiples estudios incluidos los de la OIT, estos sindicatos por empresa o centro de trabajo son más débiles que aquellos que se forman en función de ocupaciones o por rama de producción.
 
Si bien en el debate de ayer una de las modificaciones aprobadas volvió a permitir la organización de sindicatos por rama, retirando la propuesta de sindicatos por entidad, lo ha hecho al precio de querer volver irrelevantes a estas organizaciones. La nueva ley de servicio civil excluye de la negociación colectiva los reclamos salariales y señala que sólo se podrá bajo esta modalidad, negociar condiciones de trabajo. Es decir los sindicatos no pueden negociar los salarios de sus afiliados, estos se verán de manera individual.
 
Por otra parte, la nueva ley de Servicio Civil como ha sido aprobado es un régimen opcional para aquellos que ya trabajan en el Estado, siendo obligatoria solo para aquellos que recién entran. Se debe recordar que cuando se debatió la nueva ley de Carrera Pública Magisterial se afirmó que el carácter opcional de la ley aprobada por el gobierno aprista, más que crear un solo régimen laboral para los profesores, en la práctica creaba uno nuevo. Lo mismo se podría decir de la ley de servicio civil. Si esta no es obligatoria, solo se aumenta un régimen laboral más al confuso aparato estatal. Ciertamente el carácter opcional de esta ley no es más que un pobre guiño para reducir la presión de los trabajadores quienes con justa razón están organizando movilizaciones por todo el país.
 
Finalmente se debe mencionar que entre los que se opusieron a la ley aprobada están los parlamentarios fujimoristas, en cuyo gobierno los derechos laborales fueron arrasados y los trabajadores despedidos masivamente. Este hecho no hace más que reflejar el creciente aislamiento y desorientación que sufre el gobierno. No sólo se ha peleado con casi todos los sectores que lo apoyaron durante la campaña, sino que ha permitido que el fujimorismo entre a disputarle la representación de los sectores que apoyaron a Humala en las elecciones.  En este escenario de creciente soledad que vive el Presidente Humala, la ley de Servicio Civil tal y como ha sido aprobada no solo busca impedir que los trabajadores puedan demandar de manera efectiva mejores salarios; sino que busca neutralizarlos como actor político. La jornada de lucha de hoy será una primera pulseada de las centrales sindicales, los movimientos populares y los partidos progresistas por traducir el malestar social en un malestar político.