La nefasta gran elección: consenso no es repartija

María del Pilar Tello, autora de estas líneas

Está por consumarse una elección que desnaturalizará tres instituciones esenciales de la democracia peruana. Elección encargada constitucionalmente al Congreso de la República que no puede incurrir en desacierto sin abonar al mayor cuestionamiento a su capacidad de representación y fiscalización.
 
El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva son consideradas por la Constitución suficientemente importantes, para la vida democrática y política del país, que el nombramiento de sus miembros exige votación calificada de dos tercios del Parlamento. El objetivo es que los congresistas logren consenso, un acuerdo que priorice los intereses nacionales sobre los partidarios o particulares. Consenso no quiere decir repartija entre los partidos, sin selección de calidad profesional, sin la deseable trayectoria moral y profesional.
 
El constituyente ha buscado que lleguen los mejores y los más independientes a estos órganos esenciales para la democracia y el estado de derecho. Y en esta elección es evidente que sólo algunos acreditan méritos. El Congreso no puede convertir estas instituciones fundamentales en órganos políticos por elección arbitraria de miembros sin garantía. Si el requerimiento de consenso se desvirtúa y se convierte en repartija todos perdemos, el Parlamento que lo permite, las instituciones devaluadas con miembros carentes de legitimidad, la democracia desestabilizada por si misma perdiendo la confianza que la sostiene.
 
No está el horno para bollos. Los partidos pretenden atentar contra la institucionalidad en momentos en que nuestra democracia ya está debilitada por el espectáculo de expresidentes juzgados por conducta antiética. El TC, la Defensoría y el BCR existen con una misión constitucional de defensa de los intereses sociales y nacionales, no para ser botín de desvergonzados que desearían contar con altas autoridades que les sirvan en el momento oportuno en sus intereses de impunidad, corrupción o latrocinio.
 
Si esta elección, tan postergada, se lleva a cabo el Congreso desmerecerá aún más su imagen, dará justificación a quienes desean verlo disuelto, generará la indignación popular ante autoridades que emanan de la deslealtad de los congresistas a la nación. Que lo piensen bien antes de mercadear su representatividad y estafar a sus electores de buena fe. Que recuerden que la democracia también puede ser materia de sabotaje desde el interior de sus instituciones y eso podría estar sucediendo. Que se postergue la elección, que se den a conocer los criterios, y puntajes de la selección, que se respete la calidad profesional, jurídica y económica, pero sobre todo que se garantice la independencia de las nuevas autoridades respecto de los grupos políticos y económicos. La ciudadanía espera.