[Ley de Medios en Uruguay] Ni moderna ni garantista

Julio María Sanguinett, autor de estas líneas

Hace un par de años, cuando en América Latina comenzaba esta oleada de leyes restrictivas de la libertad de expresión, nuestro Presidente fue entrevistado por la revista brasileña Veja y señaló que la “mejor ley de medios es la que no existe”. Me consta que toda la prensa del continente celebró la definición y a todos los que andamos rodando por los caminos de América, nos enorgullecía, con justa razón, como expresión de una larga tradición nacional. Como había un grupo que estaba trabajando en la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en la elaboración de una ley, volvió a ser preguntado y repreguntado, y con irritación dijo estar “podrido” de que le hablaran de un proyecto que no conocía y que si le llegaba lo tiraría a la basura.

Desgraciadamente, de aquel grupo de inquisidores salió un proyecto y, avalado por el Poder Ejecutivo, hoy está a estudio del Parlamento, con 183 artículos que, en la peor técnica legislativa, aspiran a preverlo todo, siempre bajo un espíritu de sospecha que va desde canales de televisión y ondas de radio mirados con recelo hasta publicistas que en nombre de la promoción comercial aparentemente están dispuestos a extorsionar niños. En su defensa, el Sub Secretario de Industria Ortuño, un legislador serio a quien le han encargado este mandado neblinoso, dice que es un proyecto moderno y garantista. A nuestro pesar, discrepamos con ambos conceptos.

Esta no es una ley moderna, porque no toma en cuenta el avance rápido de la tecnología y cree que todo se puede planificar y regular. La tendencia en el mundo es hacia la convergencia de medios (telefonía, radio, televisión, internet, trasmisión de datos) como modo de alcanzar la mejor calidad y costos internacionales competitivos. La ley se ubica en el punto opuesto: el que hace televisión no puede hacer telefonía, y a la inversa, y así sucesivamente. Antel es la única empresa que podría llegar a hacer todo y es lo que está intentando a través de un monopolio que la ley no le dio, pero del que está usando y abusando: la exclusividad de la fibra óptica como canal por el que pueden transitar todos estos medios. Razón por la cual ya hoy, cuando los uruguayos queremos contratar internet, morimos en Antel o en concesionarios de Antel, con las consecuencias naturales de un monopolio: alto costo y mal servicio. Digamos al pasar que no nos duelen prendas con Antel, a quien defendimos cuando se pretendió privatizarla, a nuestro juicio con error, justamente porque no queríamos un monopolio privado, del mismo modo que tampoco queremos que la empresa estatal, aparte de la telefonía fija (más un deber que un derecho) acapare abusivamente toda la actividad de comunicación.

Tampoco es una ley garantista, porque impone que toda la comunicación debe ser “respetuosa e inclusiva”, promotora de la “identidad”, jamás incurrir en “percepciones estereotipadas, sesgadas o producto de prejuicios sociales”, criterios borrosos si los hay, que serán interpretados por tres organismos de contralor que se crean, todos con mayoría gubernamental y capacidad sancionatoria.

A partir de ese principio se regulan todos los contenidos. Se llega hasta disponer que el 60% de la emisión de televisión será de producción nacional, que el 30% de aquel porcentaje será de promotores privados, aunque ninguno de éstos puede ir más allá del 40% de ese 30%. Dos horas a la semana deben ser películas de ficción, el 50% de producción nacional y dos horas semanales también de la “agenda cultural” y suma y sigue hasta el detalle mínimo. Por supuesto, todo esto es inviable para los canales del interior, especialmente los de cable que no podrán competir.

En la publicidad se llega hasta el delirio. Todo se lo regula. En los programas infantiles no puede promocionarse, por ejemplo, una muñeca o algún producto que induzca a los niños a pedir a sus padres que se los compre, así sea un yogur o un alfajor. La lista de prohibiciones comienza en la letra a) y termina en la m), llegando a ridiculeces como las señaladas.

Toda esta maraña de prohibiciones aparece en medio de definiciones clásicas de libertad de expresión, que se contradicen, en cada caso, a renglón seguido.

Realmente no entendemos que el Presidente Mujica, que ha respetado la libertad de expresión en lo que va de su mandato, se introduzca ahora en este camino, que lo aproxima a sus colegas de Argentina, Ecuador y Venezuela. No lo entendemos en él, que construyó su imagen en esta televisión uruguaya que, con virtudes y defectos, le abrió generosamente su pantalla pese a su pasado de lucha contra el sistema democrático. Menos entendemos, incluso, que se estén haciendo llamados y adjudicaciones de canales digitales cuando hay una ley en trámite y bien harían los canales actuales en no presentarse al llamado, porque su autorización fue sin término y aceptar ahora un plazo limitativo es introducirse en la maraña de este engendro que se proyecta.

Desgraciadamente, en el seno del Frente Amplio se alberga un elenco de mandos medios que viven aún en el sueño autoritario de regularlo todo. Una y otra vez han dicho —con Gramsci— que tienen el gobierno pero no el poder y como el gran teórico marxista italiano, la emprenden con los tres factores que él señalaba: la justicia, los medios y el ejército. Está muy claro. Desgraciadamente, muy claro.

(*) Julio María Sanguinetti, abogado y dos veces presidente de la República Oriental del Uruguay, publicó este artículo en el diario uruguayo El País este domingo 14 de julio de 2013.