Para una elección limpia

La última elección para miembros del directorio del BCR, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo ha sido anulada por el clamor popular pero nada se ha hecho para elegir nuevos miembros con procedimientos transparentes. Es más, algunos voceros parlamentarios han señalado, como si quisieran castigar a los protestantes, que “tardarán varios meses” para llegar a una nueva elección. Desde Otra Mirada señalamos algunos criterios a tomar en cuenta para que la próxima elección sea la mejor posible.
 
Una primera cuestión es no abdicar del carácter político de la elección, que no es lo mismo que partidista o sectario. Nuestra tradición constitucional encarga al Congreso que cumpla con el cometido de nombrar a los “órganos constitucionalmente autónomos” y ello está bien porque este, se supone, representa la voluntad popular. Si tenemos malos congresistas hay que votar mejor en la próxima elección así como promover los criterios de control adecuados para vigilar el cumplimiento de la función congresal. No es negativo, por ello, que algún candidato tenga o haya tenido militancia política, lo malo es que tenga antecedentes de sectarismo o mal uso de sus credenciales políticas. Sin embargo, la decisión política final debe ir precedida por una pre selección, que califique la idoneidad, tanto profesional como ética, de quien se presenta como candidato para que la selección final se dé entre gente capacitada y no sirva para el pago de favores a determinada clientela.
 
En el caso del directorio del BCR tenemos una situación de agudo sectarismo ideológico y político. En los últimos dos períodos presidenciales, los de García y Humala, el directorio ha estado copado por individuos adscritos “sin dudas ni murmuraciones” a la derecha neoliberal. El BCR, tomado por la inercia que dicta la ideología, ha tardado en reaccionar frente a la crisis que se avecina y continúa protegiendo un dólar sobrevaluado. Hay urgencia, siquiera, de algunos matices en su composición, que permitan el acceso de profesionales que se distingan del credo neoliberal y expresen pluralidad, acorde con las distintas posiciones que existen en el país. El Congreso debería establecer un concurso abierto para que partidos, instituciones de la sociedad e individuos propongan candidatos –no solo el MEF y los lobbies empresariales- los cuales, por lo menos, sean interrogados públicamente por las comisiones especializadas del parlamento. La experiencia positiva del 2001 es aleccionadora al respecto. No está demás decir que el directorio del quinquenio 2001-2006 fue el que estableció los criterios técnicos que han permitido el manejo monetario posterior.
 
Los cargos de Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional deberían también estar abiertos a postulaciones de partidos, organizaciones de la sociedad civil e individuos. Ellos ameritan, asimismo, una pre selección que puede estar a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quien ya se ocupa de nombrar y ratificar a jueces y fiscales, así como también a los jefes de la ONPE y el RENIEC.  De esta manera el CNM podría entregar a la Comisión que designe el Congreso un orden de méritos de los postulantes que tenga carácter público.  De igual forma, la Comisión encargada debería de realizar un interrogatorio público a los candidatos para contrastar sus méritos y experiencia.
 
En cuanto al cargo de Defensor del Pueblo, debería de quitarse –como ocurre en la mayor parte de lugares donde existe la institución- el requisito de ser abogado para postular, como si un ingeniero o un antropólogo no pudieran tener conciencia de los derechos de la gente. Para los asuntos legales que implique la función existen los asesores especializados.
 
Por último y en todos los casos la votación en el pleno debería hacerse de manera individual para evitar los arreglos bajo la mesa que hemos visto hace poco tiempo.
 
Esperamos que estos criterios, junto con algunos otros que emerjan del debate actual, debieran llevar a una pronta y transparente elección de estos altos cargos del Estado. Una mayor demora sería una nueva burla a la voluntad popular.