Miércoles 04 de diciembre 2024 | Contáctenos
Dos cosas están claras en el escándalo suscitado en el proceso judicial promovido por la ONG Aprodeh contra la operación Chavín de Huantar: 1. Hubo injerencia política, 2. La sentencia del caso ha sido viciada por aquella y por la participación dudosa del vocal César San Martín.
La reunión del escándalo fue ilegal porque Jiménez Mayor y Cateriano estaban prohibidos por la ley de hablar con la presidenta del tribunal que veía el caso, Carmen Rojasi. Más grave aún es que San Martín ha admitido que él convocó a la vocal. Estas son razones suficientes para que sea destituido.
El Consejo Nacional de la Magistratura decidirá el destino de San Martín, pero un antecedente nos hace dudar: Rojasi no habría sido ratificada por el CNM en represalia porque obligó a la juez Rita Gastañadui a sentenciar el juicio a Antauro Humala. Según se supo, Gastañadui – hermana de un legislador gobiernista- no quiso sentenciar para que se venciera el plazo razonable y de esa manera Antauro fuese excarcelado. El punto es que el CNM separó a Rojasi y ¡ratificó a Gastañadui!
En cuanto a la sentencia, está viciada por la reunión ilícita y también porque San Martín debió inhibirse de ver el caso en tercera instancia y no lo hizo. Queda además la duda si San Martín influyó en los demás magistrados de su Sala. Los comandos deberían plantear la nulidad ante el Tribunal Constitucional porque el fallo abre el camino para que se abra otro juicio por “ejecución extrajudicial” que al final los perjudicará.
Lo más oscuro son los audios. La conversación mutilada hace imposible llegar a conclusiones firmes. En mi opinión se “unificó criterios” entre San Martín, Rojasi y Jiménez para que la Corte de San José ordene un juicio por “ejecución extrajudicial”. A Cateriano lo “mecieron”. Aprodeh, IDL, etc., están molestas porque querían que además se condenara directamente a Montesinos y Hermoza Ríos.
De anularse el juicio oral, en uno nuevo ya no habría pretextos para no admitir como pruebas los dos peritajes médicos forenses europeos que echan por tierra el que hizo Pablo Baraybar a la medida de sus socios de Aprodeh. Rojasi se negó a admitirlos y basó su sentencia en el mamarracho de Baraybar. Si los comandos han esperado 16 años para conocer una sentencia injusta, bien podrían esperar unos meses más por la oportunidad de lograr un fallo justo.
Pero la injerencia política ha existido y existirá en tanto no tengamos una administración de justicia realmente autónoma e independiente. Esta es una de las reformas pendientes que los políticos se resisten a impulsar. Los ejemplos sobran: Impunidad para los familiares de Toledo que delinquieron, impunidad para los asesinos del Grupo Colina por obedecer a las ONG de izquierda, impunidad para San Martín cuando se probó que estaba preparando condenar a Fujimori un año antes de la sentencia, impunidad para Aprodeh cuando se supo que “capacita” a jueces y fiscales que ven casos promovidos por esa ONG y otras ligadas a ella, etc., etc., etc., etc…
De otra parte, comparto la indignación que ha suscitado en las redes sociales un programa “cultural” de la Municipalidad de Lima que llama “violencia política” o “conflicto armado interno” a la violencia terrorista que desataron Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Se puede así crear conciencia ciudadana de rechazo al terrorismo? Claro que no.
Lo que sufrimos fue una agresión terrorista, o si se quiere usar términos jurídicos un “conflicto armado contra organizaciones terroristas”. Negar esta realidad es agraviar la memoria de las miles de víctimas del terrorismo, y de nuestros héroes y mártires de aquella lucha. La izquierda se niega a asumir este episodio como lo que fue en realidad: una gran victoria nacional sobre el terror, así lo sentimos los demócratas.
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