Los temas claves para la decisión política sobre Refinería Talara

La generalidad es la peor consejera para tomar decisiones en política, cualquier orientación que se tome en una medida de gobierno, principalmente cuando se trata de grandes emprendimientos, requiere que los técnicos, consejeros políticos y comunicadores del régimen, tengan la certeza que el proyecto genere rédito económico y/o social a la ciudadanía, que sea sostenible en el tiempo, que sea políticamente muy sólido, que no presente aristas que puedan devenir en futuras denuncias y que se tenga los voceros que puedan defender la postura tomada, más aún cuando los temas son controvertidos. Si la trilogía: técnica, política y de comunicación no existe, no debe faltar ninguno de los elementos, la medida tiene que ser desechada, por más racionalidad económica y financiera que pueda tener. Traigo a colación estas reflexiones a propósito del proyecto de modernización de refinería Talara, que está en su fase de definición de ejecución, en medio de un aluvión mediático opositor.

El principio elemental es que el proyecto será incuestionable si se fundamenta con absoluta transparencia en las cifras y si el costo medio de la inversión total la que incluye los servicios que se otorgarán en contrato “boot”, está dentro de un ratio dólar/barril de plantas similares en tamaño y en alcances de trabajos. Escamotear una cifra, como por ejemplo que los servicios auxiliares no deben considerarse en el ratio, será fatal para los intereses de Petroperú.

En primer lugar la cifra de inversión se compone de: costo del perfil, costo del Pre-Feed (front end engineering design), costo del licenciamiento de los procesos licenciados, costo del FEED, costo del EPC (engineering procurement construction) y costo de los servicios auxiliares, el que éstos se entreguen en contrato “boot” y no signifiquen financiamiento de Petroperú, no los excluye del monto de inversión y es más genera un flujo de pagos obligatorios durante todo el horizonte del proyecto. La suma de todo lo reseñado dividido entre la capacidad de producción de barriles construidos, es el ratio válido para una comparación internacional. De la lista indicada hoy solo se tiene como cifra pública certera el costo del EPC, que asciende a 2,730 millones de dólares. En cuanto a los servicios auxiliares se estiman en 750 millones, pero la cifra verdadera se sabrá cuando se cierre contrato con los prestadores del servicio. Así que hay que empezar transparentando la información de todo lo faltante para que el debate que ya se está dando sea serio y no en base a pareceres dogmáticos de cualquier color político.

En segundo lugar está la evaluación del beneficio a la sociedad de hacer a inversión. Aquí hay que ser fríos como témpano de hielo y hay solo tres puntos a evaluar: el efecto multiplicador en la economía en la etapa constructiva, el beneficio a la salud de las personas por la desulfuración de gasolinas y diesel, con su consiguiente ahorro en el presupuesto de las políticas del ministerio de salud y el menor precio de los combustibles que se pudiese conseguir, pues hoy son muy superiores a los precios en los mercados internacionales competitivos.

En cuanto al efecto multiplicador, el contracíclico dicen los que gustan hablar en difícil, es efímero, banquete para cinco años y ajuste deudor de quince, además este tipo de obras no cambian dramáticamente la situación de los pueblos, que mayor ejemplo que la construcción de la planta de licuefacción de Melchorita, obra de 3,800 millones de dólares en el 2010; Cañete y Chincha, siguen igual que siempre.

En lo referido a la salud y precio de los combustibles, dos son las escuetas respuestas. Para tener combustibles con menos contenido de azufre se puede importar y al menos los precios no serán superiores a los que hoy tenemos y en cuanto a disminuir la cotización de los carburantes en el mercado nacional, no va ocurrir, por el elevado flujo de pagos en el período operativo, hay que generar no menos de 384 millones de dólares netos anuales de cash libre para honrar compromisos. Así que en este aspecto no hay forma de justificar la faraónica pretensión, cualquier cosa en contrario es simplemente producir una leyenda urbana.

En tercer lugar tenemos el carácter estratégico, es decir si no se invierte podríamos tener un desabastecimiento ante eventualidades internacionales. Aquí el tema de fondo es el cierre de puertos en el litoral peruano donde se practica cabotaje teniendo como origen Talara y como destino: Eten, Salaverry, Chimbote, Supe, Callao, Pisco e Ilo. Para efectos prácticos una importación tendría como origen principalmente la costa del golfo de México y como destino uno o varios puertos peruanos. Las dificultades de una posible escasez se superan con compras oportunas planificadas, donde no solo participaría la petrolera estatal sino también “traders” internacionales y mayoristas que atienden el mercado local. Además la legislación obliga a los agentes del mercado mayorista a tener un stock para no menos de quince días y si faltase capacidad, no habría ninguna dificultad para que privados lo hagan, siempre y cuando se les garantice un volumen mínimo de almacenamiento, lo que no es nada difícil. He escuchado decir a defensores del carácter estratégico que la disponibilidad de crudo tiene mayores posibilidades que la de combustibles, lo cual es falso. En el caso de la refinería Talara se estaría diseñando para trabajar con un crudo local y uno  importado como el Napo, que se produce en Ecuador, no siendo tarea fácil encontrar un equivalente. Así que en lo de seguridad energética tampoco hay mucho por donde abogar por el proyecto.

La única arista que yo veo, que puede motivar la ejecución de la obra está en que de no hacerse y de darse la obligatoriedad del diesel de 50 partes por millón (ppm) en provincias, tanto Petroperú como Repsol, tendrían que cerrar sus refinerías, pues el diesel es el producto que genera el mayor margen de contribución a la utilidad bruta y no se podría producir pues hoy ambas empresas tienen diesel del orden de 3,000 ppm de contenido de azufre. Esto significaría un despido masivo de no menos de 4,000 trabajadores y dar una señal al mercado de economía complicada, lo que unido a la imagen de un gobierno inexperto y débil generaría una hecatombe social y política. Cosa de locos, tener que endeudarse y aportar recursos del erario por debilidad, pero es la realidad y hay que asumirla. Pienso que no hay sino acometerla, pero hay que decidir con firmeza, sin prisa pero sin pausa, el ministro Castilla, “patrón de la caja fiscal” tiene la palabra, pues el ministro Merino y la pareja presidencial son solamente corifeos en esta producto, se saben la tonadilla de los coros, pero no la letra de la canción.