Miércoles 24 de abril 2024 | Contáctenos
El pleno de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), presidido por el Jefe del Gabinete, Juan Jiménez Mayor, respaldó la propuesta del Ejecutivo para que el personal de los Órganos de Control Institucional (OCI) de los gobiernos regionales y locales dependa exclusivamente de la Contraloría General de la República.
La iniciativa, refirió Jiménez Mayor, se encuentra contemplada en el Proyecto de Ley de Presupuesto Público 2014 presentada ante el Congreso de la República y busca alentar la lucha contra la corrupción a nivel descentralizado. “El objetivo es que los OCI dependan de la propia Contraloría General de la República y no de los gobiernos regionales o locales como sucede el día de hoy”, sostuvo.
El jefe del Gabinete señaló que este respaldo forma parte de la agenda normativa de ‘Tolerancia Cero a la Corrupción’, que consiste en desarrollar una estrategia de apoyo al trabajo del Congreso de la República, del Poder Ejecutivo y de las entidades que conforman la CAN Anticorrupción, y a las acciones operativas para enfrentar la corrupción.
LAVADO DE ACTIVOS
Entre los planteamientos acordados por los miembros de la CAN, se destacó la creación en el Ministerio Público de una unidad especializada en Lavado de Activos para enfrentar la criminalidad.
Dicha unidad será financiada con los recursos provenientes de la subasta de los bienes decomisados a los corruptos, a cargo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), lo que permitirá adquirir equipos especializados para realizar operativos anticorrupción, en los que intervendrá la figura del ‘Agente Encubierto’.
MUERTE CIVIL A CORRUPTOS
En la decimoséptima sesión de la CAN, conformada por veintidós instituciones del Estado, la sociedad civil y el empresariado, se acordó brindar el apoyo técnico especializado para la aprobación en el Congreso de la República de los proyectos de ley de muerte civil a los corruptos, la aplicación de multas en casos de delito de corrupción y la norma que evita el uso indiscriminado de las medidas cautelares.
Igualmente se aprobó la creación de un grupo especializado al interior de la CAN, conformado por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos —Procuraduría Anticorrupción— con la finalidad de adoptar medidas concretas en materia anticorrupción.
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