Jueves 25 de abril 2024 | Contáctenos
La Procuraduría Pública Anticorrupción procedió a denunciar ante el Ministerio Público la venta de terrenos del Estado en la región Tumbes, por lo que se han iniciado las diligencias respectivas contra los funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura involucrados, luego de encontrarse indicios de presuntas irregularidades en la operación.
En ese sentido, la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Tumbes ha elaborado la solicitud de inicio de diligencias preliminares contra el Director Regional de Agricultura, José Espinoza López, Sebastián Bernal Rueckner (comprador) y los funcionarios que resulten responsables por el presunto delito de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido del Cargo y Colusión.
Del mismo modo, y como parte de las funciones establecidas en la ley, se remitió el Oficio N° 053-2013-JUS/CDJE-PPAD-TUMBES al Director de Agricultura de Tumbes, José Serafín Espinoza López, donde se le solicita toda la información referente a la venta de quince hectáreas por S/.985.50 por la Dirección a su cargo.
Como parte de las indagaciones, se ha gestionado reuniones de coordinación con el Procurador Público del Gobierno Regional y los representantes de la Oficina de Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional, destinadas a obtener información relevante. Por su parte, los representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú se encuentran recabando la información pertinente respecto a otros casos de ventas presuntamente irregulares de terrenos del Estado.
SANCIÓN A LOS RESPONSABLES
Al respecto, el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, dijo esperar que los responsables sean sancionados de acuerdo a ley porque no se puede permitir que el patrimonio del Estado sea usado, vendido y regalado por personas inescrupulosas.
En su calidad de Presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, aseguró que en coordinación con otras entidades del Estado, se impulsarán medidas drásticas para que esta ilegal práctica sea erradicada.
En el marco de esta lucha, señaló que para fiscalizar las irregularidades detectadas en el interior del país se ha incluido en el proyecto de Ley General de Presupuesto que las Oficinas de Control Institucionales (OCI) de los gobiernos regionales y de los municipios dependan totalmente de la Contraloría General de la República.
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