Viernes 26 de abril 2024 | Contáctenos
377 millones de soles dentro del secretismo de cuestionada OIM.
¿Habrán cambiado de parecer, la hoy vicepresidenta Marisol Espinoza y el ex candidato presidencial, hoy convertido en hombre de opinión a full time, Pedro Pablo Kuczynski (PPK); sobre la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)? Sería bueno saber si a la fecha mantienen sus duras críticas del 2011, época de campaña electoral. En esa oportunidad la señora Espinoza refiriéndose a la organización declaraba para el diario Perú 21, edición del 25 de febrero: “…estos organismos son las nuevas formas de corrupción y de evadir la fiscalización”; mientras que PPK en la revista Justo Medio, edición del 15 de marzo decía: “OIM no tiene conocimiento acerca de una licitación, pues es un organismo de migraciones” agregando: “en un eventual gobierno tiraría a la basura este tipo de licitaciones, pues implementaremos un mecanismo transparente y sencillo”.
Hago alusión estas afirmaciones pues el señor Ollanta Humala, del cual la referida señora es vicepresidenta y el ministro Castilla, defendido recientemente por PPK, aprobaron en mayo pasado el decreto supremo 097-2008-EF, que ha permitido que el Banco de la Nación firme convenio con la OIM para ésta conduzca el proceso de contratación por la elaboración del proyecto y construcción de una nueva sede que estará ubicada entre las avenidas Javier Prado y Arqueología, en San Borja. Si hay consecuencia en la práctica política ambos deberían expresar su más enérgica protesta e iniciar una campaña sobre el particular.
Es conocida la poca transparencia con la se llevan a cabo los procesos de la OIM, a lo que se suma la extraterritorialidad, pues por ser un organismo internacional, la contraloría general de la república no tiene injerencia, viéndose en la imposibilidad de auditarlos. Siendo una inversión cuyo precio de referencia es de 377 millones de soles, el cual de hecho va incrementarse durante los dos años de construcción por las fórmulas de reajuste de precios y el carácter del primer uso, nada menos que un evento internacional programado para octubre del 2015, de la categoría de una junta de gobernadores del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que va congregar cerca de 3,500 funcionarios internacionales del más alto nivel; no deberá haber ni un resquicio de suspicacia sobre una selección de diseñador y constructor, por idoneidad y el buen precio.
Haría el gobierno de la pareja Heredia-Humala, un “papelón” de talla mundial, si es que en los prolegómenos del evento empiezan los cuestionamientos por una selección de ganador discutible, más aún cuando se comenta que entre los participantes estaría una firma muy amiga de la pareja, que se le atribuye de haber sido financista de la campaña electoral que los llevó a la Casa de Pizarro. No me imagino a la vicepresidenta Espinoza y al político PPK, asistiendo al evento en un local construido luego de un proceso bajo reglas que ellos criticaban acremente hace dos años aproximadamente.
El problema es mayúsculo pues el tiempo apremia y las instalaciones de la nueva sede del banco serán parte de la infraestructura requerida para atender a los 3,500 visitantes, que significa tener no menos de 35 salas de reuniones y 800 oficinas que totalicen un área de 16,000 m2 construidos. Una propuesta es que el proceso ya en curso y que deberá anunciar ganador el próximo jueves 19, sea con la máxima información abierta, tal como se estila en los procesos organizados por entidades estatales peruanas. Eso para dar una salida práctica.
Pero la propuesta de una solución pragmática en aras de la transparencia, no exonera de responsabilidad al directorio del banco presidido por Carlos Díaz Mariño, funcionario de carrera de la institución y que entre sus miembros que tomaron la decisión de transferir responsabilidades a la OIM; está el recientemente nombrado viceministro de economía, José GashaTamashiro y el actual director de crédito público del ministerio de economía y finanzas, Carlos Linares Peñaloza. Ellos deben haber decidido en base a la sustentación elaborada por el gerente general (e), Juan Carlos Galfré García; con el respectivo visto bueno del secretario general Aron Kizner Zamudio. En su oportunidad la fiscalización parlamentaria de oposición, hoy muy enfrentada con el gobierno, exigirá explicaciones sobre las razones de haber realizado convenio con la OIM, que no es especializado en estos menesteres. Imagínense lo que ocurrirá si el proceso resulta cuestionado, el monto es apetecible de realización por cualquier empresa constructora y habrá perdedores que deberán quedar convencidos que el proceso fue justo. De no ser así, tendremos la primera gran denuncia del quinquenio del gobierno nacionalista, donde los funcionarios transitarán por fiscalías y juzgados, con el señalamiento del dedo acusador de los procuradores.
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