Colombia: Los próximos 20 años

La importante mejora en bienestar social, que tuvo lugar en las ciudades colombianas en las dos décadas pasadas, estuvo limitada por cinco problemas, cuya superación debe constituir nuestra agenda inmediata:

1) La ampliación de la cobertura de los servicios básicos no estuvo acompañada por mejoras importantes en su calidad. Esto es particularmente grave en la educación: la mayoría de los graduandos no tienen las competencias necesarias para contribuir a la construcción de una nación desarrollada. Ello impone una restricción mayúscula a la competitividad de nuestra economía y a su crecimiento y diversificación. Además, limita la movilidad social y hace que se reproduzcan nuestras desigualdades económicas de generación en generación.

No existe agenda más importante que esta para los próximos veinte años. Mejorar la calidad de la educación exigirá ampliar y mejorar los programas de atención a la primera infancia; atraer a los mejores graduandos a la docencia y formarlos en programas de excelencia; formar mejores rectores y darles más autonomía; mejorar la calidad del Sena y permitir más competencia en los servicios de formación para el trabajo; hacer más exigente la acreditación de nuestras universidades; y hacer más publica la información sobre resultados de los alumnos en las pruebas Saber y en el mercado de trabajo. Lo mismo sucede con la salud, donde el éxito en cobertura del aseguramiento coexiste con una pobre calidad del servicio y dudas sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Ojalá la reforma en curso logre arreglar estos problemas, pero subsisten grandes dudas al respecto.

2) La dinámica económica y social de las ciudades ha estado limitada por la pobre conectividad entre ellas y con el mundo exterior, como consecuencia del monumental retraso que tiene nuestra infraestructura de transporte. El actual gobierno está construyendo instituciones y políticas que permitan superarlo. Es necesario perseverar en esos esfuerzos.

3) La falta de una cultura de innovación en el sector empresarial (con excepciones notables) y de estímulos apropiados para la innovación explica, en conjunto con la fuerte revaluación reciente, el estancamiento industrial y agrícola de la última década. Urge poner en marcha la locomotora de la innovación.

4) El progreso en el sector rural ha sido exiguo, excepto en aéreas vecinas a las ciudades. Este fracaso es consecuencia de la falta de bienes públicos (investigación y extensión, educación rural, vías, riego y drenaje) y acceso a mercados, así como de la violencia que condujo al desplazamiento forzado y al acaparamiento ilegal de tierras. La política rural ha estado secuestrada por grandes propietarios tradicionales que mantienen sus fincas en ganadería extensiva, tienen una sobrerrepresentación política en el Congreso y no dudaron en recurrir al paramilitarismo y los fraudes notariales para ampliar sus propiedades. Consiguen generosos subsidios públicos y protección arancelaria, no pagan impuestos prediales y se oponen a los TLC. Necesitamos promover empresas agrícolas dinámicas en asociación con pequeños propietarios, como se ha hecho con éxito en Brasil, Chile, Argentina, Perú y Costa Rica. Ojalá el Pacto Agrario no resulte en una nueva captura.

5) A pesar de avances institucionales importantes, como los derivados de la Constitución del 91, el deterioro de todos los partidos políticos, del sistema judicial y de los procesos de inversión pública, como consecuencia del auge de la corrupción, ha limitado en mucho el desarrollo nacional.

Esta compleja agenda demanda una inversión pública más eficiente, pero también más gasto público (y, por tanto, más impuestos), aun sin contar los requerimientos del posconflicto. Y, sobre todo, exige una práctica política y un Estado compatibles con una sociedad moderna.

Guillermo Perry
Presentado en los 20 años de ‘Portafolio’